Hay gobiernos ilegítimos por razones de origen o de desempeño que, sin embargo, tienen la capacidad de gobernar; hay gobiernos atrapados en una espiral de ingobernabilidad que, sin embargo, son legítimos. Y hay gobiernos que reúnen lo peor de ambos mundos: son ilegítimos y no pueden mantener la gobernabilidad. Tal es el caso del gobierno formalmente presidido por Nicolás Maduro.
La ilegitimidad le viene por partida doble. Es un gobierno causahabiente de un régimen que hace mucho tiempo perdió la legitimidad democrática de desempeño, porque en Venezuela no hay separación efectiva de poderes, ni estado de Derecho propiamente dicho, ni respeto por gran parte de las garantías o derechos constitucionales, ni elecciones verdaderamente libres y justas. En nuestro país ha venido imperando una satrapía o un despotismo habilidoso con ciertos ropajes de silueta democrática.
Y la segunda fuente de ilegitimidad se deriva del 14-A, o la más cruenta de las masacres electorales perpetradas por el oficialismo rojo, y mire usted que de eso tienen un historial dilatado. Los datos suscitan fundada desconfianza a diestra y siniestra, y las auditorias ofrecidas son disimulos de auditorias. La afirmación de Henrique Capriles de que las elecciones fueron robadas por el gobierno, cada día encuentra más evidencias en el examen somero de la realidad comicial.
Y eso que a las referidas revisiones les cuesta más detectar las extensivas irregularidades que provienen del condicionamiento ilegítimo de resultados, o la presión virulenta ejercida por el poder para que los electores voten a favor del continuismo. Se trata de una defraudación de la voluntad popular que viene “empotrada” con el sistema político-electoral y que sería sencillamente inaceptable en países democráticos.
Razón de más para denunciar que gobiernos de algunos de esos países exhiban un postura dúplice en relación con Venezuela. Lo que no tolerarían para sí, lo aplauden para nosotros. Pero semejante conducta no logra convalidar lo ilegítimo. Ayuda y bastante al reconocimiento regional del precario gobierno de Maduro, pero no lo legítima ante el conjunto de los venezolanos.
Y por si todo esto fuera poco, tenemos la cuestión de la ingobernabilidad que se está haciendo más extensa y profunda. En lo económico, financiero y cambiario, en lo politico y administrativo, en lo social y laboral, y sobre todo en el aspecto esencial de la gobernabilidad de un Estado y de una nación, que es el tema de la posesión y ejercicio del poder. ¿Quién manda en Venezuela? Una pregunta que no tiene respuesta diáfana.
Y no la tiene, porque la hegemonía bolivarista se quedó sin su hegemón, y ese vacío está resultando en la fragmentación del poder. Pero no en el sentido de que los poderes formales hubiesen de pronto adquirido la autonomía usurpada por la concentración personalista de Chávez. No. Nada que ver. Es el poder fragmentado en corrientes, clanes, tribus o grupos que operan por encima de la formalidad republicana y que tienen variados componentes político-castrenses y boli-plutocráticos, sin excluir al crimen organizado.
Todo ello tiende a exacerbar el cuadro de grave crisis económica y social que lega Chávez a pesar de la bonanza petrolera más prolongada de la historia. Y encima, su probada destreza comunicacional ha sido sustituida por la estolidez de los voceros más visibles del desgobierno, comenzando por Maduro.
Muy peligrosa es la combinación de ilegitimidad con ingobernabilidad. Acaso no haya amenaza más gravosa para una nación que padecer un gobierno o un régimen de tal índole y efecto. Y máxime cuando se niega a reconocer la realidad y mucho a menos a dialogar para que puedan encontrarse salidas a la madre de todas las crisis.