El Comando Simón Bolívar, representado por un grupo de juristas, encabezado por Ramón José Medina, introdujo el recurso jerárquico de impugnación de las eleciones presidenciales del 14 de abril en Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El recurso presentado fue por “cohecho, violencia y fraude” en todo el proceso electoral, explicó Medina a la salida del Tribunal.
Asimismo, Gerardo Fernández, abogado constitucionalista, reiteró que está siendo impugnado todo el proceso electoral, empezando por la convocatoria realizada por el Poder Electoral.
“No solo el proceso electoral está viciado por nulidad, el recurso es que se repitan las elecciones presidenciales en Venezuela. En este mismo acto hemos recusado al presidente y vicepresidente de la Sala Electoral, hemos solicitado la composición de una sala accidental que conozca este recurso (…) Vamos a empezar a litigar”, declaró.
La impugnación comprende el Registro Electoral, el cronograma electoral, las irregularidades durante la campaña electoral y los vicios registrados durante el domingo 14 de abril. Todo fue reseñado en un documento que consta de 180 páginas.
“Estamos denunciando hechos vinculados con vicios en la campaña electoral que no están apegados a derecho (…) La democracia no se trata solo de votar”, precisó.
La oposición considera que durante los comicios ocurrieron unas 3.000 incidencias que afectaron la votación y esperan una respuesta en 15 días hábiles sobre el recurso de impugnación.
“Estamos impugnando todos los abusos que ha habido contra ciudadanos que votaron por una opción. Creemos en la Constitución y estamos agotando todas las instancias”. Agregó que durante la sustanciación “vendrá una etapa probatoria muy intensa”.
Jhannett María Madriz Sotillo, es la presidenta de la Sala Electoral del TSJ y Malaquías Gil Rodríguez, vicepresidente de la misma instancia.
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Crispación postelectoral
Según el cronograma difundido por el CNE, desde este jueves hasta el domingo se organizará el material electoral que será auditado a partir del lunes, en un proceso que pese a ser solicitado por Capriles, no incluye una demanda clave de la oposición para demostrar supuestas irregularidades: la revisión de los cuadernos de votación, que contienen el padrón electoral y pueden demostrar que cada voto emitido corresponde a un solo elector registrado.
La impugnación se realizará en momentos en que la crisis postelectoral se avivó por una violenta sesión el martes en la Asamblea Nacional, en la que diputados chavistas y opositores se enfrentaron a golpes ante el rechazo de los detractores de Maduro a reconocerlo como presidente.
Antes del incidente, la mayoría oficialista negó el derecho a palabra a los opositores por no reconocer a Maduro, renovando un planteamiento realizado días atrás por el presidente de la Asamblea Nacional, el chavista Diosdado Cabello.
En reacción, la Conferencia Episcopal Venezolana hizo este jueves un llamado a la “reflexión serena” y se ofreció a mediar entre ambos bandos para facilitar el diálogo.
“El que odia a su hermano es un homicida”, dijo monseñor Diego Padrón al leer la postura de la Conferencia de la que es presidente, y agregando que las agresiones entre diputados “desnaturalizan la identidad del Parlamento y ponen en riesgo un ámbito esencial de diálogo, discusión y propuestas en una sociedad democrática”.
Este jueves, el diputado opositor Julio Borges, golpeado en el rostro durante la trifulca del martes, presentó una denuncia ante la Fiscalía contra su par chavista Michele Reyes, “por la agresión sufrida” en el Legislativo.
“Cuando niegas en una democracia la palabra como lo está haciendo Diosdado Cabello, estás empujando al país a la violencia, pero le advertimos al oficialismo que no lo va a lograr”, dijo Borges a la prensa tras presentar la querella.
La diputada opositora Dinorah Figuera también responsabilizó a Cabello, un exmilitar. “Él cree que todavía es un militar y nosotros somos sus soldados, nosotros somos parlamentarios”, criticó la legisladora.
Pero Maduro, electo como sucesor de su mentor y fallecido mandatario Hugo Chávez, acusa a la oposición de haber provocado la violencia en la Asamblea, que también despertó la “preocupación” de Estados Unidos.
El gobierno venezolano tildó además este jueves de “desmesuradas e injerencistas” las declaraciones del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, quien lamentó la “falta de diálogo” entre los venezolanos tras el incidente entre diputados.
Venezuela “rechaza contundentemente las desmesuradas e injerencistas declaraciones” de Insulza, “dadas en evidente y estrecha coordinación con voceros del Departamento de Estado y de la Casa Blanca”, indicó la cancillería en un comunicado.
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