Por Sonia Osorio. En Venezuela existe un “periodismo de guerra” aún cuando no hay un conflicto bélico: periodistas agredidos por defender el derecho de los venezolanos a estar informados; acosados y amenazados , en ocasiones, por instigación de algunos medios oficialistas.
Los periodistas enfrentan un formidable enemigo: el Gobierno que con sus cuantiosos recursos arremete contra el libre ejercicio de la profesión, una situación que se ha profundizado tras las elecciones presidenciales del 14 de abril.
“Este Gobierno pretende que el periodista esté rodilla en tierra (con su proyecto político), pensamos que el periodismo es una carrera que se debe ejercer de pie porque las verdades no se pueden decir de rodilla”, dijo Lisbeth de Cambra, secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Caracas.
La grave situación de la libertad de información y de prensa fue expuesta en una teleconferencia en vísperas del Día Mundial de la Libertad de Prensa en la que participaron periodistas venezolanos desde Caracas y en Estados Unidos.
Por mantener esa posición, los periodistas son atacados desde diversos flancos: golpeados en la calle por personas afines a la llamada revolución bolivariana, se les levanta expedientes en tribunales dominados por el chavismo, se les interceptan las llamadas telefónicas, les intervienen los correos electrónicos y sus cuentas en las redes sociales.
Se les impide el acceso a las fuentes oficiales, sólo pueden ingresar a Miraflores, el palacio de Gobierno, cuando hay conferencias de prensa y tienen severas restricciones para la cobertura de las actividades de la Asamblea Nacional, además de que la mayoría de los funcionarios se niegan a declarar a periodistas de medios privados.
“Hemos notado el aumento gigantesco de incidentes contra periodistas de medios privados, por ejemplo, el año pasado tuvimos unos 200 casos de periodistas privados y 14 de medios oficialistas”, enumeró la directiva y afirmó que sólo se resolvieron estos últimos casos.
Aseveró que hay “una gran injusticia, que parece que hay dos tipos de periodistas, lo cual nosotros como garantes de la libertad de expresión y del libre ejercicio del periodismo no podemos compartir, ni permitirlo”.
Fernando Peñalver, periodista deportivo, es víctima de esa impunidad. En agosto de 2009 recibió una golpiza cuando se encontraba en una manifestación pacífica con otros colegas de la cadena Capriles y hasta hoy su caso sigue congelado en un tribunal de Caracas.
“Fuimos con unos carteles a protestar contra una modificación a la ley de Educación que en ese momento penalizaba cualquier tipo de cobertura o denuncia ciudadana. Fuimos desalojados a golpes, tengo una fractura, y si ustedes me preguntan qué pasa con los organismos de administración de justicia? El juego se llama impunidad: dilataciones en los procesos, oposiciones de los actos y la verdad es que juegan al cansancio de la víctima”, relató el reportero.
Aún así, los periodistas “tenemos una capacidad de aguante y de resistencia justamente para que el macabro juego de la impunidad no gane esta partida”.
De Cambra denunció que en Venezuela el ejercicio del periodismo es “bastante disfuncional (…) esto no es un periodismo normal de cobertura de política, de ciudad, esto es un periodismo de guerra y, tristemente, no estábamos capacitados para hacerlo”.
PARTE DE GUERRA
Luisa Torrealba, periodista que trabaja con el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS), presentó un “parte de guerra”.
En el 2012 emitieron 200 alertas sobre violaciones a la libertad de expresión y en lo que va de 2013 han emitido 126 alertas, “es decir, van cuatro meses del año y llevamos más de la mitad del número de casos del año pasado”.
“Censura, violencia o instigación a la violencia, amenazas con acciones administrativas que pueden derivar en cárcel para los periodistas y cierre de medios, esa es la constante y siento que es como una espiral, cada vez hay más casos”, pormenorizó.
Rafael Garrido, periodista, citó las cifras de la organización Espacio Público: En los últimos 11 años han ocurrido 460 agresiones a periodistas en el ejercicio de la profesión y más de 2.270 violaciones a la libertad de expresión.
Sólo entre el 14 y el 26 de abril de 2013 se registraron 36 ataques a la libertad de expresión, entre los que destacó 4 periodistas detenidos, 8 ataques a sedes de medios y al menos 6 casos de censura.
Cuando en enero se agravó la condición de Chávez antes de la fecha de su juramentación, tras su reelección en octubre de 2012, se registraron muchas agresiones físicas y amenazas de acciones legales a los medios que pretendían dar información, según el IPYS.
Mientras que antes, durante y después de las elecciones del 14 de abril, se emitieron 48 alertas con más de 77 víctimas.
Prevalecieron las agresiones físicas, los efectivos del Plan República, la unidad militar encargada del proceso electoral, persiguieron a los periodistas que tenían credenciales del Consejo Nacional Electoral (CNE) para realizar la cobertura, otros fueron retenidos y se les decomisó su material de trabajo.
Más de seis periodistas fueron heridos con perdigones en el estado Lara y “hubo otros a los que les dispararon con balas, pero por fortuna las balas no les impactaron”.
A ello se suman las amenazas administrativas por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL). El canal privado Globovision ya tiene más de ocho procesos administrativos que podían derivar en su cierre.
Los tribunales emiten sentencias contrarias a la libertad de expresión, los funcionarios niegan abiertamente información a los periodistas, se les impide el acceso a las instituciones públicas y se les acusa de desestabilizar.
El Gobierno impone cadenas de radio y TV como elemento de propaganda, se usan los medios públicos para desacreditar y exponer al escarnio público a periodistas, se interceptan teléfonos, se divulgan llamadas telefónicas privadas y mensajes por correo electrónico y “hemos comenzando una era en la que el hackear, la usurpación de identidad, es muy común con periodistas o personas públicas reconocidas”, dijo Torrealba.
SIN ACCESO A LAS FUENTES OFICIALES
El escenario con las fuentes oficiales es tan complicado que el CNP y el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa (SNTP) tuvieron que interponer un recurso legal ante el Tribunal Supremo de Justicia para que anulara parcialmente el reglamento que impide el acceso a los periodistas a la cobertura de la Asamblea Nacional.
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