Rafael Del Rosario, abogado y dirigente de Voluntad Popular, anunció que se ha asumido la defensa legal de 112 trabajadores del Banco Bicentenario, quienes fueron despedidos luego del 14 de abril por ejercer su derecho al voto por Henrique Capriles, algunos de los cuales han sido declarados como “personas sospechosas de la patria”, lo que constituye una “violación flagrante” de sus derechos humanos.
“En sus puestos de trabajo tenían fotos de campaña, les revisaron sus correos electrónicos y sus redes sociales, es decir, una serie de acosos para que estos empleados tuviesen miedo”, denunció Del Rosario, quien también agregó que por los canales de comunicación internas de la entidad bancaria, los empleados recibieron mensajes de acoso e intimidación.
“Los botan y no les pagan lo que se les adeuda. No tienen consideración con sus propios empleados. Los directivos del banco deberían estar pendientes de los créditos de la gente, de abrir cuentas bancarias y de las pensiones de los adultos mayores”, acotó.
El dirigente de la tolda naranja informó que acudirán a todas las instancias jurisdiccionales, tanto nacionales e internacionales, para denunciar lo que considera un abuso y un atropello contra todos los empleados públicos que votaron por una opción distinta a la del gobierno.
“Seguimos con los pies firmes. Los vamos a representar dignamente y el mensaje para todos los funcionarios públicos es que no tengan miedo”, finalizó Del Rosario, acotando que el total de despidos asciende a más de 330 personas y que en los próximos días se redactará una demanda para adherir a los restantes, quienes actualmente se encuentran reclamando las deudas que la institución mantiene con ellos.
Trabajadores levantan la voz
Octavia Troconis, analista financiero de la vicepresidencia de crédito, resultó afectada por la medida de despidos ejecutada en la entidad. “El coronel Darío Baute Delgado, presidente del Banco Bicentenario, ha perseguido a los empleados. Hemos sido objeto de revisión de puestos de trabajo, celulares, nuestras redes sociales fueron hackeadas. En palabras de Baute Delgado, las personas que dejaron de asistir a sus puestos de trabajo el día lunes siguiente a las elecciones, se comprobó según la investigación que él hizo que fueron partícipes de un golpe de estado que se dio ese día en Venezuela”.
Y prosiguió: “Nosotros levantamos la voz. Nunca nos identificamos con el sector oficial, pero jamás dejamos de estar comprometidos con nuestro trabajo, pero así también hay personas que se identifican plenamente con el chavismo y también se vieron afectadas. No solo son los puestos de trabajo los que quedan vacíos, sino las miles de familias que han sido afectadas por este tema”.
En nombre de los trabajadores afectados, Troconis dijo que exigen el pago que les corresponde, porque los despidos fueron realizados violando el artículo 87 de la Constitución Nacional que establece el derecho al trabajo, y además sin justificación alguna, en medio de un decreto de inamovilidad laboral que dio el mismo gobierno.
“Señor Nicolás Maduro, lo llamo a capítulo para que se apersone, para que conste su voluntad de mediar, de hacer un país justo y de todos. Los derechos laborales son de todos los venezolanos y en ningún caso estamos dispuestos a negociar sobre esos derechos”, finalizó.
