Los momentos que viven el país son de mucha precariedad. Se evidencia en muchos aspectos tanto de las instituciones como de la calidad de vida de los venezolanos. La situación que padecemos los venezolanos nos lleva a concluir que el fracaso del modelo político que se trató de implantar en Venezuela es estrepitoso y no deja más espacios para otra cosa que no sea la rectificación.
Desde el punto de vista institucional, nos encontramos con órganos del estado que, en su función, se han distanciado de lo previsto en la Constitución y aparecen como secretarías políticas del partido de gobierno.
Si comenzamos por el poder ejecutivo, nos encontramos con un presidente con cuestionada legitimidad de origen en la medida en que se empeña en no realizar una auditoría del proceso electoral que confirme o desmienta las denuncias de la oposición. En cuanto al desempeño, nos encontramos con un equipo construido con material reciclado proveniente del aparato político que nos trajo a la situación que estamos viviendo. El momento no es fácil para unas personas que desconocen los elementos básicos de la política pública y que se encuentra sin ideas para resolver los problemas que sufren los venezolanos.
La Asamblea Nacional muestra los peores momentos del parlamentarismo venezolano. Dirigida por un ex oficial cuartelero, está muy lejos de ser la casa de las leyes en la que se discuten los problemas del país y por sobre todo, se actúa en representación del pueblo que les otorgó el mandato. El rendimiento de la AN es nulo. No se discute el problema de la criminalidad, de la electricidad, del abastecimiento, etc. En algún momento ha parecido un lugar de encuentro de enemigos acérrimos que ante la imposibilidad de practicar la política tiene que apelar a la más vulgar y ruin de las violencias.
Al poder moral le queda grande el nombre. Llevamos años sin contraloría mientras que la corrupción campea en organismos del estado. La fiscal no dice esta boca es mía ante la muerte que azota familias venezolanas. La defensoría del pueblo ofende a los venezolanos por su inacción en la defensa de tanta víctima de la mala calidad de los servicios públicos, en la defensa de personas que no tienen acceso a la justicia, en la defensa de personas que son despedidas de sus trabajos por no pertenecer al partido de gobierno.
El poder judicial ha quedado en manos de militantes del partido de gobierno para, desde el máximo tribunal, defender los intereses del proyecto por encima de los máximos deseos de la población venezolana de donde deriva su poder. Ya no se espera que el poder judicial actúe según lo previsto en la Constitución y las leyes sino de acuerdo a las órdenes impartidas desde la nomenclatura oficialista.
Por último y no menos grave aparece el poder electoral. La actuación de las rectoras militantes del PSUV deja mucho que desear. No muestran interés alguno en ganarse la confianza de los venezolanos. Impúdicamente esconden las pruebas de los delitos electorales que ante los ojos del mundo se cometieron el 14A. Su actuación ha estado destinada a impedir, a como de lugar, que se realice una auditoría que daría como resultado la comprobación de acciones fraudulentas que comprometen la validez de los resultados.
Al final, la revolución termina siendo una pantomima. Una burla a quienes ilusamente pensaron que con esta clase política se superarían los problemas del pasado. Al contrario, quienes hoy detentan el poder irrespetan abiertamente al venezolano. Usan los recursos del estado como si fuesen de su propiedad. Les importa un bledo si la gente es asesinada en las calles o si no consiguen de comer.
Es un grupo de depredadores que medran del erario público y que solo están interesados en mantenerse en el poder a como de lugar. Inocente el que crea que los políticos que fingen ser gobernantes tienen interés alguno en resolver asuntos que en los últimos 14 años no han hecho más que empeorar.
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