El tema de lo que concibe como “infierno de inflación, improductividad y aniquilación de los salarios”, según el parlamentario tachirense Miguel Ángel Rodríguez, demanda un giro inmediato de corte económico y político que alivie las “tensiones sociales que vive el país”.
Dice que la aparente franqueza con la que habrían hablado el Gobierno nacional y la principal agroindustria del país, debería sustituir la amenaza que sigue golpeando la seguridad y la confianza para que se produzca en el país y se contenga la escasez, inflación, pérdidas de empleos y valor de salarios.
“Que no haya posibilidad de que se cumplan los estimados del presupuesto, como crecer al menos 6%, que sólo en el primer cuatrimestre casi tocamos el piso de la estimación de inflación para el todo el año (entre 14 y 16%), que llevemos dos devaluaciones de 46 y 100 por ciento luego que se digo que no habría ninguna, y que el aumento del 20% del salario se haya esfumado antes de entrar en vigencia, debe obligar al gobierno a cambiar en serio y de una vez”.
Aduce Rodríguez que la ola de estatizaciones de empresas, industrias, redes de distribución y tierras que antes estaban cultivadas, tienen que ser auditadas y con franqueza admitir que tener incluso la necesidad de importar tantas toneladas de papel de baño, no es un chiste, si el Estado tiene empresas papeleras, alimenticias, todos los servicios públicos en caótica situación y, aún así, “sobre su espalda un endeudamiento enorme a causa de tanto querer tapar las crisis con compras masivas y altísimos costos en el extranjero”.
Pide el cese de la violencia política y el acometimiento de un verdadero proceso de discusión respetuosa sobre el destino de Venezuela.
“Que quienes estamos junto a Capriles Radonsky transitemos la ruta constitucional del diferendo administrativo y judicial, ante el CNE, el Tribunal Supremo de Justicia y además nos preparemos para acudir a instancias internacionales; no puede agudizar la parálisis del país sobre el supuesto falso de que el gobierno enfrenta una guerra contra el fascismo y el golpismo criminal” sentenció.
De nuevo aclaró Rodríguez que ni Capriles, ni los millones de venezolanos que le acompañan, votan por la impunidad; “pero la violencia, la de la calle, la desatada en la asamblea nacional, la del discurso incitador al odio, no puede escrutarse y sancionarse partiendo de que ahora disentir es un delito y en consecuencia, todos lo que procuramos la verdad seamos prejuzgados de criminales y de autores de tragedias que deberían investigarse de manera eficiente y transparente”.
Concluye el parlamentario que si cesa la persecución y criminalización política, y además el gobierno entra en un proceso de rectificaciones para brindar garantías de seguridad integral a quienes tienen la vocación y la tradición de generar alimentos y demás productos para el mercado venezolano; el gobierno dividido por Nicolás Maduro podría campear “el temporal social, independientemente de un diferendo electoral que debe respetar, igual que al liderazgo encabezado por Henrique Capriles, al que debería extender el guante para un diálogo sin coacciones, sin pistolas en la cabeza”.