Entre los líderes del ahora llamado parcelamiento Corazón de mi Patria y las autoridades regionales de ambiente existe un pacto. Si hay una denuncia más sobre la tala de un árbol serán sacados inmediatamente sin derecho a una negociación
Maracaibo, 2 de junio 2013.- En lo más escondido de Maracaibo, en la parroquia Antonio Borjas Romero, se hayan terrenos que sostienen árboles milenarios. Tres visiones distintas que durante los últimos días están en constante confrontación, giran en torno a lo que constituye uno de los pocos pulmones naturales del municipio. Juan Pablo Guanipa, concejal del municipio Maracaibo, se acercó al lugar para conocer la situación, escuchar a las partes y brindar la asesoría necesaria frente al problema.
Destacó que según los asiduos del lugar el terreno constituye un área verde de al menos 150 hectáreas donde hay sembrados más de 100 grandes árboles frutales y ornamentales como: Ceibas, Ceibones, Acacias, Santo Domingo, Tamarindo, Robles, Mango, Cotoperi, Mamones, entre otros. Su carácter vegetal data de 1920 cuando uno de sus dueños trajo árboles de todas partes del mundo.
“Hay una situación compleja en este lugar. El terreno estaba siendo usado por las monjas del Hogar de cuidados para ancianos Santa Cruz, quienes sembraban frutas, hortalizas y tenían algún tipo de ganado para el consumos de los que viven en el hogar, pero desde hace unas semanas vecinos del lugar se apropiaron del terreno para habitarlo, tumbando algunos de los grandes árboles. Ahora lo llaman el Parcelamiento Corazón de mi Patria”.
Guanipa señaló que ante tantas aristas de un mismo problema lo importante es que todos expongan sus puntos de vistas y se llegue a una solución legal, moral y ambiental, que deje conforme a todas las partes.
Milagros Guillen, habitante de la comunidad Hogar Santa Cruz y una de los seis líderes que se organizaron para ocupar el terreno, manifestó que ante la necesidad de una vivienda propia y por las diferentes situaciones que han vivido en el terreno, decidieron organizarse para vivir en comunidad.
“El terreno es muy grande y siempre está solo. Aquí no hay alumbrado público que haga que los delincuentes respeten esta zona. Aquí han dejado muertos, han dejado a personas casi desnudas luego de haberlas atracado y han violado a mujeres y niñas. Nuestra presencia en este lugar impide que eso siga ocurriendo, a la vez que nos permite independizarnos de las casas de nuestras familias. Hay quienes tienen dos, tres, cuatro y hasta cinco hijos y aún viven con los suegros. Tratamos de constituir un barrio e ir luchando poco a poco por tener servicios públicos acorde a nuestra situación”.
Son 200 familias, la mayoría indígenas que dicen quieren producir en la tierra. “Hay dos tipos de terrenos unos de 50 por 50 metros que serán para los indígenas que quieran hacer producir la tierra y hay otros más pequeños para quienes, como yo, lo que queremos es donde vivir”.
Nelly Medina, habitante de la comunidad Hogar Santa Cruz, destacó que aun cuando las nuevas familias necesitan un terreno donde vivir y ese lugar está deshabitado, no hay razones para asumir una postura ilegal frente a la sociedad.
“Lo que mal empieza mal termina. Los invasores no pueden tener otra respuesta de la comunidad que negarnos a que ocupen un terreno que no les pertenece. Los árboles que cortaron para poder meterse allí son demasiado valiosos y que los hayan arrancado conforma un delito. Lo que pasa es que en este país hay leyes para algunos y para otros no, pero podemos cegarnos. Invadir es robar. Y no vamos a consentir que la gente se meta allí con la excusa que no tienen casa, porque mis hijas y sobrinas no tienen casa y no están allí exponiendo sus vidas y robando terreno”.
Defensores de los verde
Entre los líderes del ahora llamado parcelamiento Corazón de mi Patria y las autoridades regionales de ambiente existe un pacto. Si hay una denuncia más sobre la tala de un árbol los sacan inmediatamente sin mediación y sin derecho a una negociación. Las denuncias provienen del colectivo Ambiental Camino Real, quienes defienden la permanencia del área verde como pulmón natural del municipio.
Juana de Inciarte, representante del colectivo Ambiental Camino Real, aseguró que existe una palabra empeñada entre los dueños y este colectivo. “En conversaciones hemos conseguido que ese terreno sea donado, si y sólo si, se tratara de la constitución de un parque, puesto ese era el sueño de quien sembró el lugar. Nosotros defendemos la naturaleza, también porque sabemos que la gente que está invadiendo tiene casa en el barrio cercano y lo que quieren es negociar. Hay muchos más terrenos que invadir en la parroquia y por eso no permitiremos que sea precisamente el que tiene sembrado importantes árboles, el que sea talado para levantar ranchos. Lo defenderemos legalmente”.
Guanipa señaló que todos los venezolanos tienen derecho a una vivienda, pero también tienen derecho a disfrutar de espacios verdes que conformen un plumón natural para la ciudad.
“En la Venezuela que todos queremos se respetan las leyes, las ordenanzas y las zonificaciones. En la Venezuela que queremos los ciudadanos llegan a acuerdos y luchan organizada y legalmente. Se respetan los deberes y derechos incluyendo los derechos fundamentales y humanos. En este caso las cosas no deben ser diferentes”.