Desde hace tres años, la Contraloría General de la República (CGR) viene haciendo seguimiento al llamado Poder Popular, traducido en los consejos comunales, por tratarse de instancias que manejan recursos públicos y de los cuales pareciera que nadie rinde cuentes. En esta ocasión, la CGR publicó in informe especial del 2012, en donde determina que estas organizaciones populares no han cumplido con el propósito para el que fueron creadas, como es el desarrollo de proyectos para beneficiar a las comunidades.
Por Janet Yucra M.
“La actuación estuvo orientada a la evaluación de los procedimientos establecidos para la selección, contratación, ejecución física y financiera, control, rendición de cuenta, de 28 proyectos ejecutados por Consejos Comunales distribuidos en los 23 estados (…) ”, explica el informe de la CGR.
Para la elaboración del Informe Especial se consolidaron los resultados de las actuaciones practicadas por las contralorías de los estados: Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa ,Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia.
“Del análisis y consolidación realizado al contenido de los 28 informes definitivos de las auditorías realizadas por las contralorías estadales, a los proyectos ejecutados por los consejos comunales se determinaron “debilidades de control interno administrativo, vinculadas con la legalidad de las operaciones y los procesos de registro, control, transparencia y rendición de cuenta, que se listan de seguida, las cuales obedecen a la falta de capacitación en materia de responsabilidades y competencias de los Consejos Comunales que impiden disponer de información veraz, exacta y oportuna, derivan en retardos de la ejecución de los proyectos, tanto física como financiera, y por ende, en la imposibilidad de obtener el beneficio esperado en la comunidad”.
Cabe destacar que a los consejos comunales seleccionados por la CGR se les entregaron 47.006.832,02 bolívares, de los cuales no rindieron cuentas.
Ejemplos
La Contraloría cita casos como el de los colectivos “Marcelino Bueno”, “Sector V y los Próceres”, “Los Bucares”, “El Cogollo”, “San José de Onova”, “Orquídea del Sur”, “La Mata”, “La Pileta”, “Yay”, “Camururía”, “Caserío La Chispa” “Campo Nuevo”, “El Amparo” y “Cerro Alto”, donde “no elaboraron el Plan Comunitario de Desarrollo Integral, que refleje las necesidades de la comunidad”.
En la mayor parte de estos entes “no se evidenció la presentación de la Declaración Jurada de Patrimonio por parte de los integrantes de la Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria”.
La CGR determinó “debilidades de control interno administrativo, vinculadas con la legalidad de las operaciones y los procesos de registro, control, transparencia y rendición de cuentas”. Tampoco suministraron documentación o acta de asamblea donde conste que haya rendido cuenta pública de sus actuaciones ante la Asamblea de Ciudadanos.
No realizaron la evaluación de la gestión comunitaria de las actividades administrativas, financieras y contables desarrolladas por los Consejos Comunales en cuanto a la ejecución de los recursos asignados para el proyecto ejecutado.
Casos específicos
El Consejo Comunal “El Amparo” pagó cantidades de obras mayores a las ejecutadas por Bs. 136.866,32. El Consejo Comunal “El Amparo” pagó cantidades de obras mayores a las ejecutadas por Bs. 136.866,32. El Consejo Comunal “La Chispa” presentó a la comisión auditora, registros contables y soportes justificativos del gasto por Bs. 2.476.288,94, equivalente al 99,28% del total de los recursos transferidos; de los cuales Bs. 1.148.169,47 corresponden a adquisiciones de materiales y equipos de construcción, Bs. 1.136.500,00, a pago de mano de obra y Bs. 159.470,00 a contratación de otros servicios; no obstante, se determinó que Bs. 32.149,47 se destinaron para fines distintos a los aprobados en el proyecto; por cuanto, se utilizaron para gastos operativos, de administración y obsequios, sin evidenciarse la debida autorización del órgano que les otorgó el recurso ni la aprobación de la Asamblea de Ciudadanos.
“Las deficiencias obedecen a la falta de lineamientos claros emitidos
por el organismo financiador, para la ejecución y posterior rendición
de cuenta de los recursos otorgados, lo que dificulta en muchos casos,
verificar la exactitud, sinceridad y legalidad del manejo de los
recursos; así como, la correcta inversión de los fondos otorgados para
la ejecución del proyecto”, concluye el informe de la CGR.