El 18 de agosto de 2008 el Gobierno venezolano asumió el control de dos de las principales empresas cementeras del país (la suiza Holcim y la francesa Lafarge). No obstante, fue el 30 de noviembre de ese año cuando firmó el acuerdo con Cementos Mexicanos (Cemex), que dominaba 50% del mercado.
Tras casi cinco años de la nacionalización, la situación de la industria del cemento no ha tenido las mejoras anunciadas ni los cambios esperados por el personal, según el balance de la Asociación Nacional de Trabajadores del Cemento (Antracem).
Para fijar posición sobre las condiciones actuales de la estatal Venezolana de Cementos (Vencemos), a través de la mediación del Partido Comunista (PCV), directivos de esa organización gremial se reunieron el 22 de mayo pasado con el presidente de la República, Nicolás Maduro, y se comprometieron a presentar un reporte técnico.
Aunque todavía no han definido la fecha y el contenido del próximo informe que entregarán el mandatario nacional, Luis Chaparro, secretario general del Sindicato del Cemento del estado Anzoátegui y coordinador nacional de Antracem, señaló que persiste la escasez de este material, la desinversión en los equipos y el cierre de las plantas de concreto premezclado.
Iván Caigua, directivo del sindicato regional y de la organización nacional, aseguró que a pesar de la crisis los niveles de producción se mantienen.
“En la planta de Pertigalete se produjo en 2012 unas 2.600.000 toneladas métricas de clinker (materia prima del cemento) y en los primeros cinco meses de 2013 alcanzó a un millón 100 mil TM. Lo que indica es que no hay fallas de fabricación, pero sí una tasa de siniestralidad muy alta. En los dos últimos años esta creció 151%”, dijo Caigua.
Le preocupa que además de la incidencia de los accidentes, también se haya elevado la cifra de trabajadores con enfermedades musculoesqueléticas, traumatismos y afecciones respiratorias.
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