La participación de los ciudadanos en los procesos electorales es un elemento central de la estrategia de la alternativa democrática. Conjuntamente con la intervención en los escenarios pacíficos de protesta, desobediencia civil y conflictividad social, el voto juega un papel esencial en continuar debilitando las bases de poder del chavismo y en llevarlo a una condición de negociación sobre el futuro de Venezuela que termine con la pretensión de imponer, a troche y moche, un proyecto revolucionario en el que por lo menos la mitad del país no cree aún después de 14 años de desgobierno.
Esto determina que la denuncia de fraude en las pasadas elecciones presidenciales deba ser vista con la máxima seriedad, porque contrariamente a la visión simplista sobre este tema que sostiene que toda denuncia sobre fraude deslegitima al gobierno de Maduro, existe un riesgo real de desmotivar la participación electoral si el asunto no se maneja con sabiduría política. Quizás para entender mejor lo que está en juego es importante distinguir entre una conducta abusiva y de hostigamiento a la población de la oligarquía chavista, algo que se ha expresado en los últimos procesos electorales y que constituye un hecho muy grave porque restringe el ejercicio libre de un derecho fundamental de los ciudadanos. Sobre este tipo de violaciones reiteradas la MUD y el comando electoral de Capriles han presentado evidencias incuestionables. Este tipo de conductas atentatorias contra las libertades ciudadanas están claramente establecidas en la Carta Democrática Interamericana de la OEA. Sobre esto hay que continuar insistiendo y reclamar que el TSJ se pronuncie sobre estas graves irregularidades.
La reciente declaración de la presidenta del CNE señalando que la extensión de la auditoría ciudadana al 100% de las cajas electorales no había arrojado ninguna discrepancia, no es ninguna sorpresa y constituyó un lamentable despilfarro de recursos. Lo que Capriles y la MUD estaban pidiendo, una auditoría que incluyera los cuadernos electorales y las otras etapas del proceso electoral, no iba a ser concedido de manera graciosa por la vía administrativa del CNE y tampoco por la vía judicial del TSJ. Sepultada en los cuadernos puede encontrarse una verdad muy importante sobre la usurpación de identidad, una gravísima violación de las leyes electorales y que tiene el potencial necesario para distorsionar sustancialmente los resultados. Desde el comienzo estaba claro que la eventual existencia de la usurpación de identidad era completamente indetectable en la auditoría que el CNE acordó realizar, donde simplemente se cotejan las papeletas electorales con el acta emitida por la máquina de votación, por la sencilla razón de que una vez emitido el voto este aparecerá registrado como válido independientemente de si el votante es o no la persona que está registrada en el cuaderno de votación.
Ninguno de estos elementos tiene un carácter desmovilizador para la población, porque en esencia lo que se exige es más compromiso y firmeza para asistir a votar. Ello incluye el tema de verdaderamente alcanzar el 100% de presencia de los testigos de la oposición en las mesas. En esta materia se han hecho importantes avances pero lamentablemente aquí no es posible aceptar que un 90% o 95% de presencia es suficiente. La probabilidad de que se produzca la usurpación de identidad, o cualquier acto fraudulento, se maximiza si no hay testigos durante todas las etapas del proceso. Este es un asunto de la mayor importancia de cara a las elecciones de diciembre.
Lo que verdaderamente puede tener un efecto deletéreo sobre la conducta electoral del votante opositor es la sospecha de que el fraude electrónico existe. Por supuesto que si algún individuo o grupo reúne las evidencias técnicas suficientes para probar que esto es posible y que en verdad se ha estado haciendo, sería un acto de responsabilidad elemental con los venezolanos explicarlo y hacerlo público. Hasta ahora ninguna de las afirmaciones en esta dirección ha sido sustentada, de modo que la existencia del “Big Brother Electrónico” capaz de cambiar datos durante la transmisión, intervenir en máquinas físicamente desconectadas de la red, modificar las actas de totalización y, en definitiva, mover votos a placer, no pasa de ser, en el mejor de los casos, una conjetura. En este contexto cabe preguntarse por qué en el audio del Silvagate la única referencia que se hace al proceso de votación es precisamente para señalar que el grupo de Cabello alteró los votos para perjudicar a Maduro, creando una situación de legitimidad precaria. Sospechoso, por decir lo menos, que Silva haya apuntado sus dardos en esa dirección.
Desde el punto de vista ético y moral, uno podría decir que fraude es fraude, no importa su alcance u origen. Desde el punto de vista político hay una denuncia sobre el fraude que moviliza y otra que puede debilitar el indispensable esfuerzo electoral. Demasiadas cosas hay en juego como para no mantener clara esa separación en esta jornada al filo de la navaja.