“La derecha universitaria ha tomado el camino del saboteo” acusó Maduro, al culpar a las UA de “no respetar las mesas de trabajo”, eufemismo de diálogo que tiene por finalidad enfriar las protestas durante meses, sin ofrecer soluciones honorables. En los últimos 7 años el Gobierno ha asignado a las UA el mismo presupuesto deficitario, ignorando la alta inflación y las devaluaciones, y desde el 2006 ha incumplido las normas de homologación del sector universitario que contemplan un ajuste de salario. Además del cerco económico en plena bonanza petrolera, las UA han sido víctimas del acoso de los grupos armados y violentos del Gobierno, siempre impunes y nunca investigados. Cuando el ministro de Educación era estudiante, pedía a gritos más presupuesto para la UCV, aspiración justa que hoy niega ferozmente. Los gobiernos de entonces contaron con un precio petrolero que nunca pasó de $30 el barril (con Caldera II bajó a $9) a diferencia del régimen de Chávez y Maduro que, con el crudo a más de $100 y habiendo recibido 1,6 millones de millones de dólares, los han dilapidado en corrupción, armas de guerra, y miles de millones donados a sus socios del continente, sin construir la infraestructura que el país necesita. Un instructor universitario gana hoy Bs. 2.500 al mes y los sueldos de los docentes de mayor rango se han depreciado tanto, que muchos han renunciado para buscar trabajo en el sector privado, o irse del país.
“Una de las características por la cual se define un gobierno fascista, como el actual venezolano -escribe Rafael Poleo- es porque los regímenes fascistas desconocen la autonomía que permita pensar en las universidades”. El chavismo ha intentado durante 14 años hacer trizas el autogobierno de las UA (no gana una sola elección estudiantil, ni profesoral), por eso impuso el control de los ingresos de estudiantes a las UA, y la propuesta de contratación colectiva actual en la que el Ejecutivo “decidirá si las UA necesitan más profesores o no”, con la afrenta de que “los trabajos de ascenso de los profesores serán evaluados por una comisión integrada por las comunas”,según declarase la presidenta de FAPUV. El régimen “reforzó la idea de graduar gente y no producir conocimiento” expresa el reconocido investigador Orlando Albornoz. “Hay que ver el esfuerzo que hacemos para mantener 2 millones y medio de estudiantes universitarios. ¡Récord mundial! a pesar de que la derecha gremial universitaria ha tomado el camino del saboteo” dijo Maduro en Mérida, mientras una treintena de estudiantes de la ULA y de LUZ permanecen en huelga de hambre lo que lucía justo al “eliminar el problema del cupo”, en la práctica eliminó la competitividad y calidad y estableció el control político del estudiantado que entra a las UA sin examen de selección, sin curso preparatorio y con un mal bachillerato (muchos no cursaron física, química, matemáticas, biología, castellano y otras, por carencia de docentes).
Maduro debería pedir al embajador chino en Venezuela que le explique cómo su país ha logrado su gran desarrollo tecnológico y científico y el rol que sus universidades han tenido en tal éxito. Le dirá que el contenido de la educación superior china está al margen de paparruchas ideologizantes y populistas. El gobierno chino ha incentivado, además, el desarrollo de universidades privadas,que para 2002 representaban el 40% del total, según relata el exrector de la Unimet, José Ignacio Moreno León. Tanto las universidades públicas como las privadas se pagan en China (y así financian la educación superior; los buenos estudiantes sin recursos reciben becas) y exigen un examen obligatorio de ingreso en el que reprueban 40% de los aspirantes. La competencia para ingresar a las mejores es aún más estricta y solo acceden entre el 10 y 20% de los candidatos (algunos de esos egresados podrían haber diseñado el satélite que compró Venezuela).
Queda claro por qué estos bárbaros fascistas quieren universidades sumisas y aborregadas. Pero Maduro no ha medido el costo de su arremetida contra las UA en momentos de protestas sociales masivas y de las cada vez más razonadas sospechas nacionales e internacionales sobre su legitimidad