El contenido de algunas cláusulas incluidas en la contratación colectiva única, discutida por el Ministerio de Educación Universitaria y algunas asociaciones, supone una intervención a las universidades y la pérdida de la autonomía, sentenció Jessy Divo de Romero, rectora de la Universidad de Carabobo (UC), publica El Carabobeño.
Leimar García Luzardo | [email protected]
Pese a que las contrataciones colectivas son instrumentos legales que regulan la relación laboral entre patrono y el trabajador, este material incluye cláusulas que regulan la vida académica en general.
La cláusula 9 reza que se deben “establecer programas de formación y capacitación para la trabajadora y trabajador universitario dirigidos a mejorar el desempeño profesional y laboral, contribuyendo a su desarrollo integral en concordancia con los planes estratégicos y operativos de las Instituciones de Educación Universitaria, y los planes de desarrollo económico y social de la Nación, en el marco de la transformación universitaria para la construcción de la patria socialista”.
La universitaria planteó que este hecho viola la Ley de Universidades y la Constitución, pues esta última consagra en el artículo 2 que Venezuela es un Estado democrático con pluralismo político. Mientras que el artículo 4 de la ley ratifica el principio de que la Universidad se fundamenta en el espíritu de solidaridad social con enseñanza abierta a todas las corrientes del pensamiento.
La contratación colectiva también aborda materia electoral. La cláusula 5 señala que “el empleador garantizará la implementación de los mecanismos que permitan el derecho al voto a las trabajadoras y los trabajadores universitarios en igualdad de condiciones, para la elección de las distintas autoridades universitarias”. “Esto en cumplimiento con los principios constitucionales de participación como derecho fundamental que debe sustentar el Estado venezolano y en lo establecido por la Ley Orgánica de Educación”.
El contenido de esta cláusula es interpretado por la rectora como una violación al artículo 109 de la Constitución, en el que se establece la potestad que tiene la universidad autónoma de darse sus propias formas de gobierno. “Y se ratifica en la Ley de Universidades que los Consejo Universitarios (CU) dictan sus propias normas. Mal podríamos permitir que lo que es reserva de ley y atribución del CU se pretenda consagrar por una normativa”.
Las desigualdades y exclusión de algunos beneficios ya adquiridos por el personal jubilado también fueron rechazadas por la universitaria. Más de seis mil ex trabajadores, entre docentes, obreros y administrativos, dejarán de recibir el bono doctoral, entre otros beneficios, en caso de aprobarse la contratación. Insistió que esto atenta contra el principio constitucional que consagra la progresividad de los derechos.
Ante todas estas pretensiones que aún no han sido aprobadas por el MEU, Divo insistió que la universidad no tendrá miedo de defender la autonomía universitaria. “Aquí nos van a encontrar levantando nuestras voces de protesta, porque cuando se tratada de la defensa de los valores, conseguirán a todos los universitarios en su defensa”.
Defenderemos la universidad
El ex rector Ricardo Maldonado insistió en que la universidad defenderá la autonomía con las armas que sean necesarias, pues el contenido de esas cláusulas no deben ser materia de una contratación colectiva. “Pedimos que se discutan las cláusulas de materia salarial, pero esos contenidos ni siquiera son materia de discusión”.
Venezuela es un país plural y en la Constitución no se establece ni la ideología comunista, ni socialista, explicó el universitario, quien además agregó que ese contenido ideológico viola la Constitución. “Nos quieren meter gato por liebre. Los universitarios no vamos a aceptar eso”.