El derecho que tienen personas de un mismo sexo de formar familias, así como el reconocimiento de la identidad de una persona transgénero, están presentes en las legislaciones de más de 80 países del mundo, incluyendo el sistema universal de protección de los derechos humanos de Naciones Unidas. Hasta en Mercosur existe una declaración de compromiso con estos derechos. Venezuela aún sigue en mora.
Por ello, para Voluntad Popular es “imperativo político” propiciar un punto de encuentro y una plataforma para defender estos derechos de las personas sexodiversas a través de su movimiento Proinclusión, el cual recientemente organizó el foro “Diversidad Sexual y Derechos Humanos”, que contó con la participación de reconocidos activistas de los derechos de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales (LGBTI), José Ramón Merentes, Mauricio Gutiérrez y Edgar Baptista.
“Creemos que la calidad de una sociedad se mide por cómo esta trata a las personas vulnerables y cuánto está dispuesta a respetar la pluralidad de intereses. Por eso no solo nos quedamos en el rechazo al trato discriminatorio e irrespetuoso del que son objeto quienes tienen distintas orientaciones sexuales a las socialmente aceptadas, sino que buscamos que su movimiento (Proinclusión) se articule en la vida de nuestra organización, que tiene como norte que todos los derechos sean para todas las personas”, argumentó al respecto el coordinador nacional de los movimientos sociales del partido progresista, Luis Enrique Gil.
Durante el evento, José Ramón Merentes resaltó que el Estado venezolano ha seguido actuando como “rehén de prejuicios homofóbicos”, al continuar excluyendo de las leyes el matrimonio homosexual y la conformación de familias homoparentales, así como la posibilidad para las personas transgénero de cambiar su identidad.
“Muchas personalidades del gobierno hablan de reconocimiento e inclusión, pero reformaron en 2010 la Lopnna, para limitar la adopción a parejas heterosexuales, mientras que con burla y humillación les niegan, en los propios consulados, el reconocimiento al matrimonio a más de 3.000 venezolanos homosexuales que han tenido que hacerlo fuera de nuestras fronteras. Y si deciden adoptar un niño no pueden venir, de modo que hasta su derecho al libre tránsito queda cancelado”, sentenció.
Para Edgar Baptista, “el reconocimiento legal de los derechos de los sexodiversos es una herramienta fundamental para educar a la sociedad venezolana, y así desmontar los prejuicios y barreras moralistas que existen en torno a la comunidad LGBTI”, acotó.
En ese sentido, Mauricio Gutiérrez, integrante de la organización no gubernamental Venezuela Diversa, valoró el hecho de que Voluntad Popular “haya generado este espacio para el reconocimiento de un colectivo de personas vulnerado y vulnerable, a los fines de que se genere esta discusión en espacios políticos y así se acerque a los niveles de tomas de decisiones”, indicó.
A decir de Gil, “en Voluntad Popular, como organización política que aspira a una Venezuela de Paz, Bienestar y Progreso, creemos firmemente que si no asumimos la diversidad de quienes integran la sociedad, difícilmente lograremos interpretar a nuestro pueblo y careceremos del elemento más fundamental para hacer política y pretender el poder, que es, citando a Benito Juárez: ‘el respeto al derecho ajeno’”.
