La pregunta que uno se hace, ante esta “revolución” controversial, es la de: ¿por qué se han incrementado, con tanto descaro: la corrupción, la impunidad, la exclusión, los ataques contra los fueros gremiales y sindicales, los atropellos contra la libertad de prensa y la violación de derechos humanos? Michael Ignatieff, en su obra El Mal menor, escribe: “A las personas que crecen en sociedades con derechos constitucionales se les enseña a creer que sus opiniones tienen importancia, que tiene derecho a cierta justicia y al proceso correspondiente en relación con los asuntos oficiales y que ellos tienen que ser responsables en relación con los derechos de los demás.” En consonancia con estos preceptos, quien estudie con atención la gestión gubernamental “revolucionaria” venezolana de los últimos 15 años, encontrará que ésta destruyó al parlamentarismo y convirtió al Poder Judicial, al Poder Electoral y al Poder Moral en súbditos del grupo de poder que ha secuestrado al país. Hechos antipolíticos realizados bajo la simulación de una supuesta construcción del socialismo, que cada día se asemeja más a una dictadura. Así, de esta manera, ha destruido la seguridad de la mayoría y los derechos del individuo.
Además, este grupo de poder “socialista”, que se esconde detrás de la Soberanía nacional, se volvió eficaz en su capacidad para reducir la acción de sindicatos, de gremios y de las ONGs nacionales e internacionales, como el caso de Human Rights Watch (HRW). Y adicionalmente, este régimen evade, pública y abiertamente, sus responsabilidades ante organismos donde Venezuela es signataria, tal como lo es el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). Ahora, profesores y trabajadores de las respetables universidades del país, sienten en carne propia, al desafuero y ataque gubernamental. Sus gremios, además de pedir reconocimiento, respeto y mejoras salariales a favor de la loable labor de docentes, exigen un buen presupuesto para las universidades. Sus exigencias, además de ser un derecho; son también un deber. En consecuencia, cuando el presidente de la República descalifica la lucha universitaria; desdice mucho de sí mismo y de su, respetabilísima, autoridad natural y estatutaria.
Víctor Vielma Molina/Educador/[email protected]