Las Organizaciones no Gubernamentales Control Ciudadano (www.controlciudadano.org) y Monitor Legislativo presentaron hoy ante la sala Constitucional del Tribunal Supremo una acción popular de inconstitucionalidad por omisión legislativa, para obligar al parlamento nacional a que redacte y apruebe la Ley Orgánica de Fronteras.
La Dra. Rocío San Miguel, en representación de Control Ciudadano explico en rueda de prensa, que esta acción obedece a la necesidad de obligar al Estado a saldar una deuda con los habitantes de frontera, los más pobres entre los pobres del país.
Con esta acción se espera recordarle a la Asamblea Nacional por intermedio del Tribunal Supremo de Justicia, que tiene una mora de 11 años con la Ley Orgánica de Fronteras, prevista en el artículo 15 de la Constitución, desarrollada como indispensable para la seguridad y defensa nacional, en el artículo 327 de la carta magna y sobre la cual el constituyente estableció en 1.999, a través de la Disposición Transitoria Sexta, debía aprobarse en un plazo de dos años con carácter prioritario, a partir de la aprobación de la Constitución.
Por su parte el Dr. Rosnell Carrasco, explicó que el recurso de inconstitucionalidad por omisión legislativa se encuentra previsto en el numeral 7 del artículo 336 de la Constitución vigente, el cual consagra, por primera vez en el derecho venezolano, la facultad de la Sala Constitucional del Tribual Supremo de Justicia, para declarar la inconstitucionalidad de la omisión en que incurra el Poder Legislativo cuando no ha dictado las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución. Situación que claramente queda en evidencia con la ausencia de una Ley Orgánica de Fronteras en el país.
Control Ciudadano considera que la frontera es un sector clave en la Seguridad y Defensa Nacional, que afecta a 10 estados fronterizos (Zulia, Táchira, Apure, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas (por los limites internacionales que genera la costa del municipio Maturín), Sucre, Nueva Esparta y Falcón), en los cuales habita más del 36 % de la población nacional, representando más del 70 % del territorio patrio, conformado por hombres y mujeres que desde hace más de una década esperan por asignaciones económicas especiales a ser incluidas en la mencionada Ley Orgánica de Fronteras que el parlamento se negado a discutir.
Con esta acción, Control Ciudadano aspira a que se declare la inconstitucionalidad de la omisión legislativa, se dicten los lineamientos para corregir esta situación, aprobándose la Ley Orgánica de Fronteras por parte de la Asamblea Nacional, solventándose a la brevedad posible, la mora injustificada que en materia de asignaciones económicas especiales directas, tal como lo establece el artículo 15 de la Constitución, ha tenido la República con los estados y municipios fronterizos de Venezuela
Finalmente, la Presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, aspira a que los 10 gobernadores y más de 100 alcaldes fronterizos que existen en el país, además de todas las comunidades indígenas que habitan en frontera, se adhieran al presente recurso, para lograr que las asignaciones económicas especiales previstas en el artículo 15 de la Constitución y garantizadas a través de una Ley Orgánica de Fronteras, no continúen siendo represados arbitrariamente y con sesgos políticos desde el poder central.