El tema de las universidades ocupa buena parte del debate público. Las movilizaciones de profesores, estudiantes y empleados han contado con el apoyo activo de las autoridades de las distintas casas de estudios superiores. Me refiero a las consideradas como autónomas, a las experimentales e incluso a las privadas que no se han entregado en manos del régimen.
Lo malo es que la lucha pareciera centrada casi exclusivamente en lo económico y financiero. No es poca cosa, pero quizás sea la parte menos importante del problema universitario. Lamentablemente este aspecto es utilizado como instrumento de agitación por una parte, y por la otra, como mecanismo de chantaje para doblegar el espíritu universitario y someter su independencia.
Hay una desviación fundamental. Las universidades públicas dependen exclusivamente del presupuesto que el estado-gobierno les tiene asignado. La mayor parte de sus luchas se agota en protestar por lo insuficiente de las asignaciones y en solicitar aumentos indispensables para funcionar con mediana eficiencia a los costos operacionales de hoy. Se trata de un círculo vicioso perverso que mantiene viva la conflictividad permanente en escenarios que deberían ser ejemplo y guía para la nación.
La Autonomía Universitaria debe abarcar todos los aspectos. Es imposible concebirla sin autonomía económica y financiera. Para ello las propias universidades deben buscar fuentes propias de financiamiento, mecanismos de estudio e investigación, prestar servicios diversos tanto al sector público como al privado, dentro de sus objetivos y actividades académicas. Esto es perfectamente posible y necesario para hacer indisoluble el vínculo con las comunidades donde existan. Esto no significa el final de los aportes del sector público, pero dejarían de ser determinantes.
El estado tiene la obligación de garantizar a los ciudadanos el acceso a todos los niveles de educación, especialmente a quienes tienen menos recursos. Es el mejor instrumento para la igualación social y el aprovechamiento de las oportunidades. Pero, quienes están en posibilidad de aportar para recibir educación, están en la obligación de hacerlo. No hay educación gratuita. Todo cuesta. El problema está en quien paga. Hay muchas formas de estimular y financiar el estudio más allá de esperarlo todo del gobierno.