El jefe de gobierno conservador español Mariano Rajoy aseguró este lunes que no piensa renunciar por una posible contabilidad oculta y sobresueldos en su partido, de los que él mismo se benefició según declaró el extesorero de la formación.
“Voy a cumplir el mandato que me han dado los españoles”, dijo Rajoy en una conferencia de prensa, durante la cual afirmó que el “estado de derecho no se somete a chantaje” y que la justicia seguirá su trabajo “con absoluta independencia”.
En la víspera, la oposición socialista había reclamado su dimisión denunciando la “connivencia” entre el líder conservador y Luis Bárcenas, el ex tesorero del partido que lleva seis meses haciendo tambalear la derecha española.
En prisión preventiva desde el 27 de junio en la prisión de Soto del Real, cerca de Madrid, Luis Bárcenas llegó el lunes por la mañana en un furgón policial a la Audiencia Nacional, convocado a declarar por el juez Pablo Ruz que investiga este caso.
La declaración provocó nuevas revelaciones potencialmente explosivas ya que, según fuentes judiciales, Bárcenas confirmó la existencia de una “contabilidad B” dentro del Partido Popular y afirmó haber dado 25.000 euros en efectivo a Rajoy en 2010.
“Ha traido todos los papeles” en los que están documentados las cuentas en negro del partido, precisó la fuente.
En los últimos días, el escándalo nacido en enero se ha reavivado acercándose peligrosamente a Rajoy, presidente del Partido Popular desde 2004 y próximo a Bárcenas, uno de los hombres fuertes de la formación durante dos décadas, con especial predilección por el lujo y el dinero.
El 9 de julio, El Mundo publicó unos documentos contables manuscritos que probaban, en su opinión, que Rajoy, jefe de gobierno desde 2011, y otros dirigentes del partido recibieron sobresueldos ilegales durante los años 1990.
El domingo, nuevas revelaciones sacudieron de nuevo al gobierno: el mismo diario publicó varios mensajes SMS intercambiados supuestamente por Rajoy y Bárcenas.
Estos mensajes, según El Mundo, muestran como el jefe de gobierno pidió al extesorero “que negara la contabilidad B y los sobresueldos” y “mantuvo un contacto directo y permanente” con Bárcenas al menos hasta marzo de 2013, semanas después de estallar el escándalo.
“Luis. Lo entiendo. Sé fuerte. Mañana te llamaré. Un abrazo”, dice uno de los mensajes atribuidos a Rajoy con fecha del 18 de enero, el día precisamente en que El Mundo había destapado el escándalo de los sobresueldos no declarados pagados con dinero proveniente de empresas privadas.
“Los SMS publicados ayer lo único que hacen es ratificar lo que les he dicho antes: que el estado de derecho no se somete al chantaje”, dijo Rajoy el lunes.
La oposición socialista se lanzó inmediatamente contra el gobierno el domingo, denunciando la “connivencia” con Bárcenas y reclamando la “dimisión inmediata” de Rajoy, como ya hizo en febrero.
El jefe de gobierno, acomodado en una mayoría absoluta en el Congreso, negó entonces tajantemente haber cobrado dinero en negro.
Tras El Mundo, el otro gran diario español, el progresista El País, publicó el 31 de enero unas notas manuscritas que en teoría formaban parte de los documentos contables gestionados por Bárcenas, que fue gerente del PP entre 1990 y 2008 y tesorero hasta 2009.
Los nombres de numerosos dirigentes del partido, entre ellos el de Rajoy, aparecían en esos documentos.
Rápidamente célebres con el nombre de “los papeles de Bárcenas”, estos documentos agravaron el escándalo en un país con una tasa de desempleo del 27% y constantes casos de corrupción que minan la confianza en la clase política.
Según esas anotaciones, Rajoy habría cobrado entre 1997 y 2008 “pagos por un total de 25.200 euros al año”.
El juez Ruz, que investiga paralelamente el “caso Gürtel”, la presunta trama de corrupción en el PP que estalló en 2009, decretó prisión preventiva para Bárcenas el 27 de junio en el marco de la investigación contra él por delitos fiscales y blanqueo de dinero.
La justicia española alegó el riesgo de fuga del ex tesorero, tras haber descubierto dos cuentas suyas en Suiza con 25 y 22 millones de euros respectivamente, así como otras en Uruguay y Estados Unidos.