Los sucesos reportados durante los últimos 10 días en Coro, Táchira y Distrito Capital evidencian la contradicción de un gobierno que se dice heredero del legado chavista, pero que no sigue los postulados de la reforma policial iniciada por mandato del anterior presidente.
Javier Ignacio Mayorca / Diana Lozano/ El Nacional
La militarización de la seguridad ciudadana a través del plan Patria Segura tiene en su haber cuatro incidentes en los que han muerto igual número de personas. Tres de ellas a manos de funcionarios de la Guardia Nacional y el otro por miembros del Ejército. Según representantes de organizaciones de derechos humanos, el riesgo es que la cifra se incremente de no tomarse los correctivos necesarios.
En el caso de la GN, la lista de muertos pudo ser más alta porque el episodio reportado con un oficial de la Policía Nacional en Gramovén, el domingo en la madrugada, no terminó con muertos ni heridos, aunque sí con un uso aparentemente indebido de las armas por parte de los militares.
Poco después de lo ocurrido en el oeste de Caracas, otro miembro de la GN ultimó de un tiro por la espalda a Edwin Moisés Rivera, de 20 años de edad, quien se trasladaba en su moto y desarmado por el barrio San José de Petare. Una poblada enardecida hizo que los militares desmontaran el puesto que tenían allí.
Uso de las armas. A propósito de la reforma policial, el Ministerio de Relaciones Interiores emitió en 2010 dos normas que regulan el uso de armas de fuego y, en general, la aplicación de técnicas coercitivas. Los estándares son conocidos como Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza, y Uso de la Fuerza Potencialmente Mortal.
Esas normas establecen que la conducta de los funcionarios policiales o militares debe regirse por criterios de estricta proporcionalidad y oportunidad en cuanto al uso de los instrumentos que están a su disposición. Entonces, no se puede disparar contra un hombre provisto de un palo.
El representante de la Red de Apoyo para la Justicia y la Paz, Alfredo Ruiz, sugirió al Gobierno que instruya a los militares sobre los conceptos básicos de derechos humanos, así como respecto a los estándares sobre el uso de la fuerza en labores de seguridad ciudadana.
“Esto debe conocerlo todo oficial en la calle. No se puede hacer una persecución a tiros. Está prohibido por los manuales sobre uso de la fuerza. Las armas de fuego sólo pueden usarse para repeler un ataque armado”, precisó.
Añadió que las unidades de Patria Segura tienen que estar sometidas a constante supervisión por parte de un oficial, no suboficiales u oficiales técnicos. Los militares, dijo, no pueden estar por su cuenta.
Los militares, indicó, tienen que abrirse a la contraloría social. Eso implica informar a la comunidad cuando un oficial está al margen de los estándares, e igualmente indicar los correctivos que se toman para que situaciones como las de Coro o Petare no se repitan.
Calles sin militares. Liliana Ortega, Cofavic, y Rafael Uzcátegui, Provea, reiteraron los llamados para que el Ejecutivo reconsidere la participación de miembros de la FAN en tareas de vigilancia.
Para Ortega, es necesario que el Gobierno concentre toda su energía en la consolidación de la Policía Nacional. “Hay que sacar a la FAN de las calles. Es ineficaz y un agregado a la violencia. Es, además, una desnaturalización de sus funciones”, añadió.
Señaló que las armas de guerra, como los fusiles AK-103 y los FAL, no pueden ser utilizados en trabajos de policía preventiva.
Uzcátegui afirmó que ante las repetidas muertes de inocentes las unidades de la Guardia Nacional podrían ser intervenidas. Recordó que por mucho menos que eso el Ejecutivo aplicó una medida de este tipo a Poliamazonas, la semana pasada.
Indicó que la muerte de una mujer y su hija en Coro, el 4 de julio, ocurrió en circunstancias que sugieren una violación de la resolución del MRI sobre los puntos de control, emitida en 2005, después de la masacre de universitarios en Kennedy, en la que también participaron funcionarios de la GN.
Los representantes de Cofavic y Provea aconsejaron al Ejecutivo despolitizar el tema de la seguridad ciudadana, quitarle todo matiz ideológico y profundizar la coordinación con las policías regionales y municipales de todo el país.
“Se respetan los derechos”
“La naturaleza del Plan Patria Segura y de todos los planes para afrontar la inseguridad van orientados hacia el respeto a los derechos humanos. Puede ocurrir, y no solamente dentro del marco de ese plan, que cualquier funcionario puede violar los derechos humanos, por eso se establecen normas punitivas para castigar a quienes incurran en esas violaciones”, aseguró la fiscal general Luisa Ortega, cuando se le preguntó si consideraba que los integrantes de la GN están capacitados para estar en las calles ejerciendo labores de seguridad ciudadana.
Indicó que el sargento segundo de la GN Edwar Fernández González, señalado de haber disparado por la espalda a un motorizado en Petare mientras prestaba servicio en el Plan Patria Segura, será presentado hoy ante el Tribunal 24º de Control Penal de Caracas.
“Este es un Estado respetuoso de los derechos humanos. En el caso de que algún funcionario viole estos o se presuma que los violó, inmediatamente nos vamos a activar como Estado para que se investigue, y se apliquen las sanciones”, aseveró.