Más grave que la proliferación de grupos armados que actúan al margen de la ley es que el Estado no haga nada para impedirlo y, peor aún, que estimule la anarquía con justificaciones políticas y el suministro de recursos humanos, materiales y financieros.
Así lo advierte Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de Violencia, a propósito de la toma de la sede de la Policía Nacional Bolivariana por colectivos del 23 de Enero a principios de esta semana. El grupo armado exigía la liberación de uno de sus militantes, detenido por portar un arma de fuego con la que se cometió un delito.
Recordó que los colectivos del 23 de Enero no son creación del chavismo y que surgieron para mejorar las condiciones de vida de la comunidad.
“Sin embargo, sobrevino una lucha interna por el control del territorio y la incursión en actividades ilícitas. Hubo grupos organizados para detener el tráfico de drogas pero, a la postre, esos mismos grupos se apoderaron del negocio con la excusa de que era una fuente de financiamiento de la lucha social y política”.
José Quintero, director de Procatia, con 37 años de trabajo comunitario en la parroquia, identifica la multiplicación de los círculos bolivarianos como un punto de quiebre: “Cuando empezaron a recibir financiamiento del Gobierno aumentaron las disputas por el poder y la participación ciudadana en la gestión pública pasó a un segundo plano”.
El alcalde metropolitano Antonio Ledezma cuenta que llegó a trabajar mancomunadamente con los colectivos del 23 de Enero en la refacción de edificios y recuperación de espacios deportivos y culturales. “Pero el discurso belicista de Hugo Chávez fue objeto de libres interpretaciones por cada grupo que degeneraron en paramilitares”, asegura.
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