No hay que leer este artículo hasta el final para dar con la respuesta. Rotundamente: no hay que boicotear a Israel. Y no debe hacerlo, sobre todo, quien desee la creación de un Estado palestino, que viva en paz y seguridad junto al Estado judío, plenamente reconocido por todos sus vecinos.
La campaña denominada BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones), lanzada hace ocho años por más de 170 organizaciones civiles palestinas para presionar en favor del retorno de los refugiados palestinos y por la plena igualdad de derechos entre árabes y judíos, complace a los más radicalizados de ambos bandos, a los palestinos que rechazan la existencia de Israel y a los israelíes que rechazan la existencia del Estado palestino.
Hay muchos argumentos para combatir el boicot a Israel. ¿A cuántos países habría que someter a boicot por incumplimientos probados o presuntos de la legislación internacional y de las convenciones sobre derechos humanos? La mejor explicación sobre los orígenes de la campaña es también un argumento sobre su escasa legitimidad moral: en cierta forma ha venido a sustituir la acción bélica y terrorista, que tenía como objetivo destruir Israel, por una actividad militante pacífica que persigue idénticos fines.
La Comisión Europea no está para hacer boicot alguno al Estado de Israel, sino para actuar como guardiana de los tratados y ejecutora de las decisiones del Consejo y el Parlamento Europeo. Con esos títulos acaba de aprobar unas directrices sobre la adjudicación de subvenciones, becas y ayudas financieras a instituciones israelíes queexcluye a las entidades radicadas en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania y que ha sido recibido en Israel como si fuera parte de la campaña BDS.
Las directrices se aplicarán a partir del 1 de enero, pero solo afectarán a las ayudas que salgan del presupuesto europeo y que puedan otorgar la Comisión Europea, las agencias ejecutivas de la UE o cualquier otra entidad con autoridad para aplicar el presupuesto. En nada obligarán a los Estados socios, ni a sus autoridades fiscales y aduaneras ni mucho menos a las empresas públicas o privadas.
Pero son sin duda un precedente, en realidad la primera ocasión en que la UE pasa de las palabras a los hechos, puesto que obligará a quienes quieran obtener algún tipo de ayuda a firmar una declaración por la que se comprometen a cumplir con las directrices, a riesgo de someterse a un procedimiento y a una sanción. Nunca hasta ahora la UE había trasladado su rechazo a la ocupación de Gaza y Cisjordania a sus políticas presupuestarias o comerciales. El intenso comercio entre la UE e Israel, incluidos los territorios, no es objeto de control alguno sobre su origen por parte de las autoridades europeas, de forma que buena parte de la producción de los colonos recibe el trato preferencial concedido por Bruselas a Israel sin que sean de aplicación las restricciones que deberían desprender de la legislación europea.
Las directrices han sido redactadas pensando, sobre todo, en el programa marco de investigación de la UE para los próximos siete años, denominado Horizonte 2020. Israel se benefició con 750 millones de euros del anterior programa plurianual, entre 2007 a 2013, que fueron a parar a 1.900 proyectos de investigación, y recogieron el 1’5 por ciento del conjunto de inversiones europeas en investigación.
Las directrices no son un capricho de la Comisión, sino que responden a posiciones de los Estados miembros y del Parlamento, así como a los cambios producidos sobre el territorio. Desde la aprobación en 2005 del anterior programa marco, Israel ha creado y reconocido la Universidad de Ariel (14.000 estudiantes) en la colonia de Kedumim, de forma que a partir de ahora no podía haber duda alguna de que el dinero de los presupuestos europeos iría directamente a una universidad de los colonos en los territorios ilegalmente ocupados.
Las directrices han sido acogidas con enorme disgusto por el Gobierno israelí. Su primer ministro Benjamin Netanyahu ha respondido con el disparate de que es Israel y no la comunidad internacional quien determina sus fronteras. Otros han ido más lejos y han blandido de nuevo el espantajo del antisemitismo e incluso del nazismo para atacar a los europeos. Hay una opinión israelí, en cambio, que considera esta toma de posición europea como una señal de esperanza. Intelectuales como Amos Oz, Abraham Yehoshua, David Grossman o Shlomo Ben Ami, o el judío estadounidense Peter Beinart, consideran que hay que aplicar la campaña BDS, pero solo a los territorios ocupados, y no solo por razones de justicia y legalidad internacional, sino ante todo para legitimar la existencia del Estado de Israel y garantizar su futuro como Estado judío y democrático.
No hay que boicotear a Israel. Hay que aplicar con firmeza las directrices de la Comisión Europea que excluyen a los colonos de los territorios ocupados de un trato similar al que reciben los ciudadanos de la UE.
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/07/17/actualidad/1374085370_314986.html