Ocho funcionarios del Cuerpo de Policía del Estado Zulia están presos donde hace 15 días atacaron a un vigilante. Lo golpearon durante un interrogatorio, lo torturaron hasta mandarlo a un hospital y utilizaron, presuntamente, un palo para violarlo. Una fiscalía nacional investiga el caso.
El hecho ocurrió el pasado 12 de julio y no se hizo público hasta que la Fiscalía emitió un comunicado informando que los oficiales Wílliam Colina, Deivy Zabala, José González, José Miquilena, Edinson Acosta, Hito Fernández, Yovelkys Cañizales y Ángel Chourio están imputados por los delitos de trato cruel, violación con abuso de autoridad, privación ilegítima de libertad y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales suscritos por la República.
La víctima es el vigilante del estacionamiento de un comercial que está en el casco central de Ciudad Ojeda, municipio Lagunillas. El pasado 8 de julio se robaron un vehículo. Días después, tras la denuncia, llegaron los ocho miembros del CPEZ adscritos al comando policial de la parroquia Alonso de Ojeda y se lo llevaron preso. Los uniformados le insinuaron que estaba involucrado en el robo e iniciaron un interrogatorio.
La entrevista se hizo en el comando policial y se extendió por varias horas. Luego lo llevaron al calabozo. Lo golpeaban para que dijera dónde estaba el carro robado. Pese a las torturas, el vigilante dijo desconocer el paradero de la unidad. En vista de que no aportaba mayores detalles, los uniformados utilizaron un palo para torturarlo. Lo violaron.
Después de la golpiza, el hombre de 36 años llegó a un hospital público y desde allí informaron a las autoridades. Luego hizo la denuncia formal en la sede del Ministerio Público. Se comisionaron las fiscalías 76 nacional y 45 de Ciudad Ojeda.
El Tribunal 3 de Control emitió la orden de aprehensión el jueves. A los ocho funcionarios los detuvieron en el centro de coordinación policial y les otorgaron como sitio de reclusión el mismo calabozo donde estaba el vigilante.
Hito Fernández, uno de los ocho detenidos, tiene antecedentes policiales desde 2009, cuando utilizó su uniforme y su arma para extorsionar a una comerciante por 100 mil bolívares. Para entonces, lo procesaron por concusión, privación ilegítima de libertad, falsedad de actos, violación de domicilio, asociación para delinquir y extorsión.
200 funcionarios
Jairo Ramírez, secretario de Seguridad y Orden Público, confirmó la detención de los funcionarios e informó que todos están suspendidos de sus cargos. Repudió el hecho al tiempo que aseguró que su administración está en contra de cualquier actividad que atente contra los derechos humanos y contra los tratados internacionales que los preserven.
Del Cuerpo de Policía del Estado Zulia han expulsado a 200 uniformados desde que inició la nueva gestión gubernamental. También se han abierto 700 expedientes administrativos. Esto se traduce a un policía expulsado por día.
Involucrado
Carlos Alberto Galbán, oficial del CPEZ asesinado en Machiques, tenía cinco procesos administrativos abiertos, incluyendo un caso en el que se le disparó el arma de reglamento e hirió a un compañero. También lo investigaban por el homicidio de su esposa.