Más de una treintena de artistas, políticos y gestores culturales se reunieron ayer en la sede de Cultura Chacao, en El Rosal, para expresar su desacuerdo con el proyecto de ley orgánica de cultura que se discute en la Asamblea Nacional.
“La creación es libre o no es cultura. Confío en los ciudadanos: ninguna acción del Gobierno va a doblegar nuestro ADN republicano y creativo”, resumió la historiadora Inés Quintero, una de las presentes junto con intelectuales como Alfredo Chacón, Rolando Peña y Nicomedes Febres.
Los acompañaron el concejal Freddy Guevara y los diputados de oposición Luis Barragán, Iván Colmenares, Arcadio Montiel y María Corina Machado, quien señaló que la ley es una de muchas que sustentan el “proyecto de sumisión” del Gobierno. Al terminar su breve intervención, se retiró. Guevara se refirió a la relación entre la cultura y la disminución de la delincuencia.
Diana López, directora de Cultura Chacao, tachó el documento de inconstitucional y centralista, antes de preguntarse dónde deja el trabajo de alcaldías y gobernaciones. El sociólogo Tulio Hernández señaló que, de aprobarse la ley, el Frente de la Cultura por la Democracia –que realizó la convocatoria– tendrá que organizar un gran evento nacional y jornadas de defensa de la cultura.
Los contenidos. Voceros de la oposición se quejaron de que el marco legal no se refiere al aporte financiero de las industrias culturales al PIB nacional, ignora el desarrollo de la tecnología y las redes sociales en Venezuela y tiene un carácter estatista, que no toma en cuenta los aportes de municipios y gobernaciones en la gestión cultural. Además, ve la empresa privada no como generadora de propuestas culturales sino simplemente como financista de éstas a través de un fondo nacional que funcionará con el aporte de 1% de las ganancias de las compañías del sector, así como de aquellas cuya utilidad neta anual supere las 20.000 unidades tributarias. El abogado Leonardo Palacios calificó a esa figura de impuesto oculto que invade la competencia municipal. Agregó que con el organismo sumarán 25 las contribuciones de la empresa privada establecidas por las leyes venezolanas.
“El documento propone un monopolio cultural del Estado”, denunció Barragán. “Aquí se establece la base para la censura cultural”, agregó, en referencia al artículo 22.
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