La recién sancionada Ley Orgánica de la Cultura obliga a las empresas cuyas utilidades anuales superen las 20 mil unidades tributarias, a pagar al Estado el 1 por ciento de estas ganancias. Dinero que será sumado al Fondo Nacional para la Cultura.
La medida ha impactado en el sector privado que se siente acorralado ante las “imposiciones inconsultas”, como señala Luis Marín, presidente ejecutivo de la Cámara de Industriales del estado Lara.
“De nuevo se sanciona un ley sin que sea discutida con los actores involucrados para evaluar pros y contra y actuar bajo un debido consenso. No estamos en contra de la promoción de la cultura en el país, por el contrario la hemos apoyado durante años. Lejos de crear un impuesto, se pudieron establecer acuerdos. Ahora bien, la realidad es que este nuevo aporte va a incidir en la rentabilidad y productividad de las empresas”.
Por su parte, el doctor en Ciencias Económicas y Administrativas, Aníbal Peña Javitt, añade que ese uno por ciento lo necesita la empresa para invertir. “Cada vez hay menos rentabilidad, además no hay dólares para poder aumentar la producción que ha bajado entre un 40 y 50 por ciento”.
Según el especialista, para el fomento y desarrollo de la cultura no hace falta crear un fondo con recursos provenientes del sector empresarial.
“Hay un barril de petróleo presupuestado en 55 dólares que se vende en un promedio de 103, el más alto en toda la historia de Venezuela. Tenemos un ingreso extraodinarios que casi duplica el presupuestado, el cual debería utilizarse para fortalecer no sólo la cultura, sino la salud, la educación, el transporte y todos los servicios públicos, en lugar de invertirlo en carreteras o ambulancias para otros países”.
Y recalca que el Gobierno carece de disciplina fiscal. “Si no se gastara más de lo que ingresa tendríamos un colchón suficiente para hacerle frente a todos los problemas, no sólo a lo concerniente al sector cultural”.
En lugar de cargarle un nuevo cumplimiento fiscal a las empresas, indica Peña Javitt, habría que darles facilidades para incrementar la producción, porque al final el perjudicado no es el empresario, es el mismo pueblo que cada día se enfrenta a un procesos inflacionario, donde reina la escasez y el desabastecimiento.
“El presidente Chávez dijo que el socialismo del siglo XXI iba contra la propiedad privada, Maduro le da continuidad a la destrucción del aparato productivo. Si las trancas siguen todas las empresas van a quebrar”, añade.
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