La tardanza en las discusiones y firma de las tres últimas convenciones colectivas del sector petrolero corresponde a una política sistemática para criminalizar la protesta y los contratos por parte del holding estatal, advirtió el secretario ejecutivo de la Futpv (Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela), José Bodas.
Para el directivo, el gobierno pretende cometer estas “barbaridades” alegando que las acciones de calles son dirigidas por potencias extranjeras o pagadas por sectores. “No se dan cuenta de que estas manifestaciones son consecuencia de las violaciones constantes a los documentos contractuales”.
Insiste en que se debe declarar la emergencia en la Futpv a fin de trabajar día y noche para elaborar la nueva propuesta contractual que sustituirá a la que vence el 1° de octubre (2011-2013), que fue aprobada a mediados de 2012 con 10 meses de retraso.
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