Dos niños indígenas murieron esta semana en Guatemala debido supuestamente a las heridas de bala que les causó un guarda de seguridad de una hidroeléctrica en una comunidad al norte de Guatemala, denunciaron este martes grupos sociales.
El incidente se registró el viernes en la comunidad Monte Olivo, Cobán, unos 350 km al norte de la capital. Uno de los menores, de 9 años, falleció el lunes y el otro, de 13 años, este martes, en un hospital capitalino al que había sido trasladado, detallaron las organizaciones en un comunicado.
“La violencia se ensañó contra la comunidad maya Q’eqchi’ de Monte Olivo, la cual se opone al proyecto hidroeléctrico Santa Rita, que se pretende construir sobre el río Dolores, con una inversión de 40 millones de dólares”, indicó la Coordinadora de ONG y Cooperativas (Congcoop).
Santa Rita es un proyecto de capital privado que está en fase de construcción. Recibió autorización para operar en 2010 para un periodo de 50 años.
Aunque el caso está en investigación, los activistas de derechos humanos aseguraron que el hecho es un acto de intimidación a la comunidad que se resiste al proyecto energético.
El suceso coincidió con la visita a la zona de la Relatora sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la estadounidense Dinah Shelton.
Shelton, que estará en Guatemala hasta el 30 de agosto, seleccionó esa región debido a la hostilidad que existe por la oposición a megaproyectos y el monocultivo como la palma africana y caña de azúcar.
“Las acciones represivas muestran un mensaje claro de intimidación y hostigamiento a miembros, líderes y lideresas comunitarios de los pueblos indígenas que se presentan a hablar con la Relatoría de la CIDH durante su visita a Guatemala”, puntualizó el comunicado.
Entre las organizaciones denunciantes figuran además el Instituto de Estudios Agrarios y Rurales de Guatemala y la entidad indígena Waqib’ Kej.
La explotación minera y la construcción de hidroeléctricas han generado fuerte oposición de ambientalistas, campesinos e indígenas, que consideran esos megaproyectos como serias amenazas al medio ambiente en Guatemala. AFP