Sin embargo, las autoridades insisten en afirmar que los índices delictivos han bajado 15%, como lo afirmó el viceministro del Interior, José Vicente Rangel Ávalos en el programa de su papá José Vicente hoy, donde señaló sin pestañear, que ³la percepción de la inseguridad es más alta de lo que tenemos en la realidad² por culpa de los medios de comunicación interesados en que el Plan Patria Segura fracase. Se equivoca, el ciudadano de a pie o en carrito sabe que no puede ejercer libremente la soberanía de disfrutar del espacio público y no tiene necesidad de leer la prensa para sentir miedo y percibir la inseguridad, cada vez que se detiene en un semáforo o está en una cola rodeado de motorizados. Esa ³sensación² no la puede experimentar el viceministro porque está permanentemente protegido por numerosos escoltas, que en vez de custodiarlo, al igual que al resto de los altos funcionarios,
deberían estar en la calle protegiendo a los ciudadanos.
Lo más sorprendente es la revelación de que el Gobierno se ha reunido por lo menos con 280 bandas, que han prometido cambiar su comportamiento delictivo.
Declaraciones como esas me dejan perpleja. El Gobierno se sienta con los delincuentes de tú a tú, como si estuviera a su mismo nivel, ¿lo está?, ¿acaso le ha dado garantías? o se trata de una claudicación, a todas luces inaceptable, que trae más miedo para una buena parte de la ciudadanía.
Quisiera creer que con esa estrategia hay al menos cierta posibilidad real de disminuir el crimen y la inseguridad. Ojalá. Pero, la verdad, lo dudo mucho, la delincuencia tiene sobradas razones para creer que este gobierno es su aliado, actúa como otro brazo armado que apoya a la revolución, como los colectivos violentos que el Gobierno ni el Plan Patria Segura tienen contemplado desarmar. Por cierto, tengo la extraña ³sensación² de ver cada vez menos patrullas militares en las calles.
Tic tac
En el Alto Mando Militar hay consenso para retirar poco a poco las patrullas militares, porque no están preparadas para asumir labores de vigilancia, como las policías municipales y estadales. Piensan que puede haber más muertos civiles, como el de la madre y su hija acribilladas dentro de su vehículo en Coro por un fatal equívoco. Argumentan que los crímenes contra la población civil no prescriben y tanto el que ejecuta como el que ordena van presos.