Sabemos que el PSUV es un partido que no respeta la opinión de las bases, que pasa por encima de los liderazgos locales y que poco le importa negociar con sus aliados políticos. Lo que no podemos entender es cómo en este juego de imposiciones e intrigas que vive el partido de gobierno, el actor más activo sea el Consejo Nacional Electoral. Jugando cada vez más, sin guardar ningún tipo de apariencia, a favorecer con ventajismos y decisiones arbitrarias a los candidatos de la tolda roja.
Tal es el caso de las migraciones ilegales aprobadas nuevamente por la mayoría de los rectores del CNE, donde pasando por encima de la Ley Electoral y la constitución se mudaron a seis candidatos del PSUV fuera del lapso establecido por ley, para que voten en los municipios donde fueron designados a dedo.
Hablamos de Antonio Enrique Álvarez Cisneros, quien votaba en el municipio Baruta y ahora fue cambiado al municipio Sucre, Carlos Antonio Alcalá Cordones, votaba en el Distrito Capital y hoy en día vota en Vargas, Edgardo Antonio Ramírez, antes votaba en Cuba y lo pusieron a votar en el estado Barinas, Francisco José Garcés Da Silva, votaba en el Distrito Capital y ahora vota en los Teques. Con Luis Bohórquez Soto ocurrió lo mismo lo cambiaron de centro de votación y a Miguel Ángel Pérez Pírela, quien votaba en Chacao, ahora lo pusieron a votar en Maracaibo.
Una vez más las autoridades electorales de cara a un proceso electoral se ponen la franela roja y se quitan la de rectores para favorecer a una parcialidad política. No les importa el resto del país, ellos creen que el poder es para abusar y confían en que los ciudadanos no hagan nada para cambiar las cosas.
Hoy el CNE es reincidente porque repite la ilegalidad y curiosamente de nuevo con candidatos del PSUV. En fechas previas a los comicios regionales de 2012 el órgano comicial migró fuera del lapso legal a 108 personas ligadas a candidaturas del PSUV, así como algunos candidatos. En ese momento quisieron tapar la ilegalidad diciéndonos que la cifra de migrados no era representativa, como si el delito dejara de ser delito por su representatividad numérica.
Esto demuestra que para el CNE hay ciudadanos de primera, los enchufados y ciudadanos de segunda, como el pueblo venezolano. Todos los ciudadanos somos iguales ante la Ley dice la constitución nacional, pero para el CNE parece que hay algunos más iguales que otros ¿Acaso son más venezolanos los candidatos del PSUV?
Es inaceptable, es una burla al pueblo que mientras el CNE migró a 6 enchufados fuera del lapso, dejó un millón de venezolanos fuera del RE, porque no dieron más tiempo. El CNE se ha convertido en el paracaídas de los candidatos del PSUV y eso constituye un delito. Como bien lo establece el artículo 68 de la ley Contra la Corrupción “El funcionario público que abusando de sus funciones utilice su cargo para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, grupo, partido o movimiento político será sancionado con prisión de tres a seis años”.
Nuestro llamado a restituir el principio de igualdad entre los electores y equilibrio entre los aspirantes a cargos de elección popular. Sepan que cada acto de ventajismo y abuso de poder se traducirá en más ganas de participar para cambiar una realidad que no puede seguir atropellando las leyes y la constitución. La gente sabe quiénes son los que conocen su realidad y quiénes vienen apadrinados por el poder.
Seguiremos en la calle mostrando la verdad al país de un Gobierno totalmente corrupto e incapaz y estamos seguros que el próximo 8-D la inmensa mayoría de los venezolanos se manifestara a favor del cambio que merecemos votando por los candidatos de la Unidad.
Brian Fincheltub
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