Con este comunicado los defensores pretenden obtener la solidaridad y el apoyo de la Comunidad Internacional para persuadir al Gobierno Venezolano de que se concrete la denuncia el próximo 10 de septiembre de 2013.
Quienes suscriben este documento alertan a la comunidad internacional y a todos los venezolanos y venezolanas sobre la denuncia efectuada por la República Bolivariana de Venezuela a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Dicha denuncia fue efectuada por el Estado venezolano según nota oficial diplomática dirigida al Secretario General de la Organización de Estado Americanos (OEA), en fecha 10 de septiembre de 2012 y de conformidad con lo previsto en la CADH, la misma entraría en vigor el próximo 10 de septiembre de 2013 al haber transcurrido el año de preaviso contemplado en su artículo 78.
La denuncia de este tratado de proteccion de derechos humanos por parte del Estado venezolano constituye un acto sumamente grave, ya que,con su consumación se desconocen de hecho y de derecho los principios de progresividad, irreversibilidad e irrenunciabilidad de los derechos humanos de todos los individuos sometidos a la jurisdicción del Estado venezolano, al pretender que las disposiciones de la Convención que protegen los derechos humanos de quienes se encuentren en territorio venezolano no sean tutelados en el marco de actuación del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.
La denuncia de la CADH en la esfera del derecho internacional resulta un ominoso retroceso de Venezuela en la protección de los derechos humanos, actitud ésta que ha generado reacciones de preocupación y lamentación por parte de distintos actores de la comunidad internacional. Por esta razón, miembros de la sociedad civil venezolana presentaron una comunicación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado mes de julio con la finalidad de alertar a los órganos interamericanos sobre la vulnerabilidad del sistema a causa de esta acción temeraria por parte del Estado venezolano.
Por su parte, en la esfera del derecho interno, la denuncia de la CADH constituye un acto viciado de nulidad por ser inconstitucional, tal y como ha sido solicitado por defensores de derechos humanos, activistas, victimas, organizaciones, academicos y ciudadanos en general ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia desde hace más de un año y a la presente fecha esta máxima instancia judicial todavía no ha dado respuesta.
Asimismo, la desvinculación de Venezuela de las disposiciones contenidas en la CADH debilita y en definitiva quebranta, en forma grosera, el derecho de petición de las personas ante órganos internacionales con el objeto de solicitar el amparo de sus derechos humanos, consagrado en los artículos 33 de la CADH y 31 de la Constitución de Venezuela. Una de las consecuencias perniciosas de la denuncia que entrará en vigor es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no podrá seguir conociendo de las violaciones a derechos humanos cometidas por el Estado venezolano posterior a su retiro de la CADH, logrando que dichas violaciones queden impunes y las víctimas sin reparación.
En esta menguada hora para la protección de los derechos en Venezuela, nos sentimos con el deber de alertar a la comunidad internacional y la ciudadanía en general sobre la gravedad del acto acometido por el Estado, el cual será consumado el próximo 10 de septiembre de 2013. A partir de ese día se echarán por tierra todos los esfuerzos realizados y conquistas alcanzadas por Venezuela en los últimos cincuenta años para la protección de los derechos de las personas, por lo que solicitamos su apoyo y solidaridad frente a este grave retroceso en derechos humanos con la firma de el presente comunicado y su difusion por los medios disponible.