La libertad sindical está en peligro en Venezuela
En los últimos días hemos podido observar un aumento en el desabastecimiento de muy diferentes productos y un aumento también de las colas -en el número de ellas pero también en su tamaño- de ciudadanos que acuden a comprar dicho productos, sobre todo los de la cesta básica.
La gente del interior de la república parece ser la más afectada por esta situación de escasez, pero ya podemos decir que el desabastecimiento llegó a Caracas. Mal de muchos, consuelo de tontos.
La causa parece estar en años de mala implementación de diversas políticas que tienen que ver con la producción, importación y distribución de alimentos y productos básicos, y en la promulgación e implementación de leyes y controles que lejos de ayudar a solucionar el problema, parecen haberlo agravado.
La agenda política de quienes detentan hoy el poder se ha impuesto sobre el resto de sus quehaceres, incluso el económico, y eso ha conducido al país ha una situación donde los ciudadanos dependen directa o indirectamente del gobierno para comer y el gobierno depende de las importaciones, es decir, de otros países o de empresas y empresarios de otros países, para llenar los canales de distribución y los anaqueles. Las nacionalizaciones y tomas de agro industrias, el control y escasez de divisas para la importación de insumos, maquinarias, etc, han sido en el pasado reciente, y son hoy, el pan de cada día.
Lo cierto es que día a día vemos cómo aumentan la escasez y las colas, pero aumenta también la impaciencia de muchos ciudadanos que ven cada día más difícil conseguir los productos que necesitan. Los productos aparecen de uno en uno, de vez en cuando, en algunos lugares, y luego vuelven a desaparecer. El mercado negro juega fuerte, siendo la única posibilidad de poder comprar sin colas pero pagando un alto precio, tanto, que a veces llega a hasta seis veces del valor regulado por, irónicamente, por el mismo gobierno.
Esa impaciencia de la que hablamos se manifiesta mayormente, por ahora, en quejas en voz alta en las colas, alguna que otra situación, las ha habido, de violencia e incluso, contadas veces, saqueos. Al tema del desabastecimiento hay que agregarle un factor extra que está presente e influye directamente en la población: la inflación. El gobierno debería poner el ojo a esta situación. Corazón con hambre no dura, reza el dicho popular.
El mundo laboral también puede impacientarse
No es casual que la conflictividad en el sector laboral esté asociada también a la agenda política del gobierno. Muchas han sido las intervenciones, a través de medidas del Ejecutivo o de legislaciones, para neutralizar a los sindicatos y a sus dirigentes. Podemos decir que hoy en Venezuela, la libertad sindical está en peligro.
El estado hoy es el gran patrono de amplios sectores de trabajadores que laboran en la industria petrolera, en las empresas básicas, en las universidades, en el sistema público de salud, en el sistema eléctrico y de telecomunicaciones, en industrias agro alimentarias, entre otros, además de los más de dos millones y medio de empleados públicos, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas.
La respuesta gubernamental a las reivindicaciones de toda esa masa de trabajadores, ha dejado mucho que desear. Los contratos colectivos vencidos sobrepasan los 400, en muchas ocasiones no se cumple con los acuerdos e incluso se ha dado el caso de atraso en el pago de salarios y otros beneficios. Los pasivos aumentan y son múltiples las protestas, sobre todo de los sectores más combativos, para llamar la atención del patrón-estado.
El gobierno ha aplicado una táctica non santa a la hora de sentarse a dialogar, negociar o firmar contratos colectivos: lo hace con sindicatos adeptos a su línea que son muchas veces sindicatos o federaciones de maletín o minoritarios. Se anuncia, con bombos y platillos, un acuerdo con un determinado sector, cuando en realidad se ha dejado a un lado a la mayor parte de ese sector. El caldo de cultivo para la conflictividad está servido: el descontento continúa, más allá de los titulares y los comerciales de televisión del gobierno.
En paralelo, existe una clara y preocupante tendencia de persecución a sindicalistas y trabajadores, ya sea criminalizando de la protesta, hay más de 200 trabajadores procesados por esta causa, o culpabilizándolos de actos de sabotaje. Recientes son los casos de la enfermera del Hospital Pastor Oropeza de Barquisimeto, Yuly Durán, presa y procesada por protestar, y por la otra, la acusación a trabajadores petroleros de actos de sabotaje, la semana pasada en el Centro de Refinación Paraguaná. Casualmente trabajadores de estos dos sectores, salud y petróleo, están protestando últimamente para exigir reivindicaciones. La respuesta del patrón es clara: todo el peso del estado en su contra, incluso, por cierto, el gran peso que conlleva, por su condición amenazante y por su condición armada, el uso de militares y milicianos en centros de trabajo.
@MarcoAPonce y @mlhccs
ConflictoVe Fuente: TalCual, 2 de septiembre de 2013, pág 6
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