El Estado venezolano no ha acatado cabalmente las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de los reclusos de ocho centros penitenciarios del país. Desde el momento en que el máximo tribunal hemisférico se pronunció en cada caso hasta el 30 de junio de 2013, un total de 911 presos han muerto y 1.872 han resultado heridos.
Las medidas provisionales se fundamentan en la necesidad de ofrecer protección urgente a las víctimas de violaciones de derechos humanos para evitar daños irreversibles, sobre todo cuando están amenazadas la vida y la integridad personal. Constituyen una de las opciones de tutela inmediata que ofrece el sistema interamericano y que los venezolanos perderán el 10 de septiembre, cuando entre en vigencia la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, formalizada hace un año.
La denuncia no tiene efectos retroactivos, de modo que la pérdida se limita a las violaciones de derechos humanos que ocurran a partir del 10 de septiembre. La Corte Interamericana podrá intervenir y juzgar las acciones u omisiones del Estado venezolano que se registren hasta el 9 de septiembre.
La ultima medida provisional sobre centros penitenciarios venezolanos se dictó el 13 de febrero de 2013, 19 días después de la masacre de Uribana, donde murieron 59 reos, un integrante de la Guardia Nacional Bolivariana y un pastor evangélico.
En esa oportunidad La Corte Interamericana recordó la obligación del Estado: “a) decomisar las armas que se encuentren en poder de los reclusos; b) reducir el hacinamiento y mejorar las condiciones de detención; c) proveer personal capacitado y en número suficiente para asegurar el adecuado y efectivo control, custodia y vigilancia del centro penitenciario; d) separar a los hombres de las mujeres; e) separar a los procesados de los condenados, y f) establecer un mecanismo de supervisión periódica de las condiciones de detención”.
Los registros del Observatorio Venezolano de Prisiones indican que la violencia ha aumentado en todas las cárceles amparadas por la Corte Interamericana. Marianela Sánchez, representante de la ONG, considera que la centralización de los servicios penitenciarios obstaculiza la toma de decisiones y la indolencia de la Defensoría del Pueblo empeora la situación.