“Al gobierno venezolano no le interesan para nada los Derechos Humanos, y por eso se sale de la Comisión Interamericana, para evitar quedar en evidencia por lo que todos sabemos: La evidente violación de esos derechos en Venezuela”. Así lo afirmó el director de Derechos Humanos de Proyecto Venezuela, Alfredo Romero.
El abogado y especialista en la materia, consultado sobre la decisión del gobierno venezolano de abandonar la Comisión Interamericana de Derechos humanos, de entrada hizo un corto resumen sobre el origen de ese organismo: “En 1969 fue publicada la Convención Americana de Derechos Humanos y en 1978 entró en vigencia. Esta Convención creó la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Casos como El Caracazo en 1989, las terribles muertes de cientos de presos en el Retén de Catia, las matanzas en cárceles como El Rodeo, y diversas ejecuciones por parte de cuerpos policiales han sido conocidas por la CIDH”.
El también miembro del Foro Penal Venezolano fijó su posición, al señalar que “cuando Venezuela se retira de este sistema de protección, está despreciando 40 años de avance en los Derechos humanos. Está evadiendo lo que su artículo primero establece como lo es la obligación de los Estados de “respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
Luego Romero lanzó varias interrogantes: “¿Acaso en Venezuela se respetan los derechos humanos como para retirarse de su esquema internacional de protección? Simplemente hay que preguntar a cualquier venezolano lo siguiente: ¿Confía en la justicia venezolana cuando usted es víctima de un delito? ¿Confía en que los cuerpos policiales actúan siempre correctamente? ¿Confía en que nunca será víctima de un asesinato y su vida en peligro? ¿Confía en las cárceles venezolanas como mecanismo de rehabilitación del delincuente?
–Si la respuesta a estas preguntas son negativas—enfatizó el abogado– pues precisamente ello explica por qué el gobierno venezolano prefiere retirarse de la CIDH y la Corte Interamericana. Porque el gobierno pretende evadir la situación de crisis de derechos humanos que vive el país.
Finalmente destacó Alfredo Romero que “Venezuela queda aparte de ese esquema de protección donde 23 naciones siguen adheridas: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam. Es decir que mientras todas esas naciones latinoamericanas están dispuestas a ceñirse a las reglas de la CIDH en protección de los derechos de los ciudadanos, el gobierno venezolano dice no, y desecha esa posibilidad”. Prensa Proyecto Venezuela