La polarización de Colombia frente al actual proceso de paz mantiene al procurador, Alejandro Ordóñez, en la orilla de la oposición, pues reitera que las leyes que impulsa el Gobierno generan impunidad frente a crímenes graves de la guerrilla, publica El Colombiano.
En su reciente intervención pública en la Corporación Universitaria Unisabaneta sorprendió al denunciar que tiene conocimiento de que “funcionarios públicos” han viajado a La Habana (Cuba) a reunirse con los jefes negociadores de la guerrilla, sin autorización del Gobierno. No precisó nombres.
La denuncia sobre viajes no autorizados…
“La Procuraduría tiene conocimiento reciente de que varios funcionarios públicos, en actual ejercicio de su investidura, se han trasladado a La Habana sin permiso del Gobierno Nacional o del Alto Comisionado. Esas personas incurrirían en iguales conductas que hoy tienen sin libertad al exgobernador de Antioquia (Luis Alfredo Ramos) y a otros exfuncionarios”.
¿Quiénes son?
“No diré nombres. Hablaré mediante autos y providencias”.
¿Por qué insiste en que las leyes que impulsa el Gobierno generan impunidad?
“Porque los criterios de selección de casos y de máximos responsables de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra permite la renuncia de la persecución penal de muchos delitos. Si no le creen al Procurador créanle a la fiscal de la Corte Penal Internacional que advirtió de las obligaciones internacionales del Estado sobre no renunciar a la acción penal por delitos de lesa humanidad ni el Derecho Internacional Humanitario y tampoco avala indultos ni amnistías. Incluso, la Corte Constitucional aprobó el Marco Jurídico, pero ratificó que no puede haber paz con impunidad por delitos graves”.
Pero la justicia transicional avala penas alternativas…
“En Colombia no hay enemigos de la paz. La justicia transicional no es nueva en Colombia y es cierto que permite rebaja de penas y unos mínimos de justicia, como sucedió con la Ley de Justicia y Paz, que redujo penas en la justicia ordinaria de hasta 60 años de cárcel para los exparamilitares a sentencias entre 5 y 8 años. Pero las Farc quieren es la impunidad total de sus crímenes y hoy (ayer) mismo insistieron que no aceptan el Marco Jurídico para la Paz”.
Aún se opone a participación política de guerrilleros…
“Los responsables de los delitos de lesa humanidad no pueden participar en política. Además, una norma constitucional vigente ordena que los condenados por penas privativas de libertad pierden los derechos políticos. No podemos enviarles ese mensaje a las nuevas generaciones de que la violencia sí paga y que paga tanto que los criminales pueden terminar diseñando las instituciones del Estado”.
El presidente Santos acaba de reiterar que defenderá ante la justicia internacional la autonomía de Colombia para buscar la paz…
“El Gobierno no puede pretender reformar varios tratados internacionales suscritos por el Estado Colombiano como el Estatuto de Roma y el sistema interamericano de Derechos Humanos”.
¿Qué pasa si esta nueva normatividad se aplica?
“Si en la reglamentación del Marco Jurídico se advierte impunidad, la Procuraduría no tendría más remedio que acudir a escenarios internacionales en representación de las víctimas”.