La Sociedad Interamericana de Prensa emitió un comunicado donde exige el debido proceso al Gobierno de Venezuela.
Comunicado
La Sociedad Interamericana de Prensa reiteró al gobierno de Venezuela su pedido por garantías jurídicas y debido proceso en favor del periodista y editor Leocenis García, quien permanece en una dependencia militar desde que fue detenido el 30 de julio pasado.
García, presidente del grupo editorial Sexto Poder, continúa preso en los sótanos de la Dirección de Inteligencia Militar, en Caracas, en precarias condiciones de salud. Fue incriminado por un grupo de diputados oficialistas por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y evasión fiscal.
Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, reiteró que el de García “tiene todas las apariencias de ser un caso político, manipulado intencionalmente como represalia para acallar el disenso y la crítica”. Agregó que el hecho de “que la detención fue arbitraria, que los cargos los formularan diputados y que se utilice un espacio militar”, envía un mensaje inequívoco de que el gobierno tiene un manejo político de la situación.
Paolillo, director del seminario uruguayo, Búsqueda, reiteró el pedido de las SIP al gobierno, para que ofrezca a García las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y de debido proceso.
El 16 de setiembre, el diario El Universal de Caracas, registró que el padre del periodista inició una huelga de hambre cerca del Palacio de Miraflores, sede del gobierno del presidente Nicolás Maduro, solicitando que cese la “situación persecutoria contra su hijo”.
Cuando las autoridades detuvieron a García, congelaron sus cuentas bancarias y las del grupo editorial, provocando el cese de publicación del semanario 6to Poder y del diario El Comercio, desde el 27 de julio. Además de estos periódicos, el grupo editorial incluye a 6to Poder Radio, 6topoder.com, la revista U-Sex y la encuestadora 6to Poder Datos.
García ya fue imputado en otras oportunidades. En mayo de 2011 se le abrió una investigación criminal por la publicación de una fotografía de un funcionario en terapia intensiva. En noviembre de ese año se le abrió causa penal por una fotografía en la que mostró en forma satírica a mujeres que ocupan cargos públicos, hecho que este año tomó un juez para restringirle a García la posibilidad de comprar un canal de televisión.
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