En un país tan convulsionado como el nuestro, donde la diatriba política, la inflación, la inseguridad, el desabastecimiento, el desempleo, las trancas viales, las fallas eléctricas y la crisis del sector salud (por solo citar algunos aspectos de nuestra cotidianidad), son el pan de cada día, lamentablemente un número importante de nuestros ciudadanos pareciera tratar de enfrentar la situación, con la actitud que se expresa en el dicho popular “como vaya viniendo vamos viendo”.
A partir de la premisa del párrafo anterior y con tantos problemas de que ocuparnos, pareciera como mucho pedir el que cada grupo familiar, de trabajo o de estudio (por ejemplo), se tome el tiempo y el esfuerzo que sea necesario, para organizarse y prever algunas medidas, a fin de evitar el verse expuestos a ciertos acontecimientos o situaciones peligrosas para la vida, y procurar las mejores condiciones para reaccionar, protegerse y recuperarse en caso de materializarse una amenaza. Sin embargo, estos son los momentos cuando el anticiparse y preparase ante lo que pudiera suceder, resulta la mejor herramienta para preservar la integridad física y el bienestar.
La anterior es sin duda una recomendación que debería ser internalizada como “conducta ciudadana”, pero cosa distinta ocurre cuando hablamos del Estado y sus instituciones en todos los niveles de gobierno, para los cuales es un “Deber Constitucional”, tal como lo establece el Artículo 55 de nuestra Carta Magna: “Toda persona tiene el derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por la ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.”
Ahora bien, aún cuando en Venezuela las situaciones de emergencias y desastres vinculadas a fenómenos naturales o antrópicos (año tras año), dejan en evidencia lo vulnerables que somos como sociedad (sobre todo los más pobres), no ha hecho posible que las autoridades tomen conciencia de la importancia que reviste el actuar proactivamente y no reactivamente, y el convencerse que la única manera de tener éxito en su responsabilidad de proteger la vida de los ciudadanos, está en la toma de medidas preventivas y en la organización, planificación y coordinación que debe existir entre todos los organismos públicos, independientemente de su color político.
Ante esta situación, un apagón como el del 3 de septiembre de este año, un terremoto como el ocurrido en Caracas en 1967, o las lluvias, inundaciones y deslaves del 1999, sólo traerán más pérdidas, dolor y lamentaciones.
@Angelrangels