ALTO
RUSIA: En nuestro portal www.runrun.es coloqué una nota sobre la “idea” roja rojita de contactar a los socios rusos (¿Igor Sechin?) para que les hicieran un puente con Edward Snowden y trataran de que el espía soplón le pudiera hacer llegar a la embajada venezolana en Moscú algunos documentos que indiquen el espionaje de Estados Unidos a Venezuela y se los trajera el presidente de la Asamblea en su regreso a Caracas, para darle fuelle a la matriz de la guerra del Imperio contra Maduro. No sabemos si eso fue logrado pues los rusos se comprometieron con EE.UU. a no permitir que desde su territorio el asilado disparara por mampuesto a sus intereses. Por otra parte sería bueno saber si Cabello reclamó a los rusos el rechazo a 20 militares y siete civiles venezolanos que ya habían aceptado una beca del gobierno ruso a través de Fundayacucho. Los rusos le echan la culpa a esa fundación por no llenar a tiempo los documentos, no traducirlos y no hacerles los exámenes solicitados, entre ellos el de VIH. Los seleccionados ya recibieron € 15.000 cada uno de Cadivi para instalarse por concepto de “Casos Especiales de Urgencia” y sus pasaportes de Servicio…
HABILITANTE: Quien fuera decano de la facultad de Derecho de la UCV Jorge Pabón en un análisis sobre la Ley habilitante que colgamos en Runrun.es:
“El gobierno dice que va a solicitar una ley habilitante para combatir la corrupción, está buscando al diputado 99. Como se ha dicho, una habilitante no está concebida para eso. Nada la justifica ni saliéndonos de la sana interpretación jurídica, ya que no es posible otorgar la potestad de hacer una ley a quien se debe controlar con la misma. Se dice que por razones de tiempo debe aprobarse, lo que es falso, ya que la habilitante está sometida al proceso de consulta que establece la Constitución, y luego los decreto a la consulta de la Ley Orgánica de la Administración Pública que tarda mínimo 30 días. Además, la Constitución dice: “Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena”, lo que indica que a los delitos cometidos solo podrán imponerles menor pena o eliminarlos. Finalmente, para poner en evidencia que de lo que se trata es de un acuerdo nuevamente entre la mayoría parlamentaria, la Sala Constitucional y el Ejecutivo Nacional para darle otro zarpazo totalitario al estado de derecho, baste recordar que la habilitante de 2007 habilitó al Presidente, en el ámbito 3, para: “Dictar normas orientadas a erradicar definitivamente la corrupción…”. Hoy veremos el show…