El primer acto ya se había anunciado. El Presidente Nicolás Maduro finalmente ha pedido a la Asamblea Nacional (AN) que le concedan “poderes habilitantes para profundizar, acelerar y dar la batalla a fondo por una nueva ética política, una nueva vida republicana y por una buena sociedad”.
“Supuestamente ya tienen al diputado 99 -tres quintas partes del parlamento- que exige la Constitución para aprobar la denominada ley habilitante. Es importante saber qué es lo que hay detrás de esa Ley”, increpa Henrique Capriles, gobernador de Miranda y líder de la Unidad Nacional.
El pedido de Maduro a la Asamblea Nacional ha hecho sonar las alarmas en varios sectores de la sociedad venezolana, temerosas de que el presidente finalmente obtenga poderes especiales en momentos en que la tensión política vuelve a aumentar.
“Pedir una ley habilitante para la corrupción es reconocer que los poderes públicos venezolanos no dan respuesta a la misma”, responde la jurista Cecilia Sosa, primera mujer en presidir una Corte Suprema de Justicia en el continente americano.
Sosa es también directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas. A su juicio la “ley habilitante se ha utilizado de muy mala manera desde 1999. La última habilitante aprobada por el ex presidente Hugo Chávez generó controversia porque era una ley que tenía injerencia para que el primer mandatario pudiese tomar decisiones en el área militar”.
Sosa advierte de que “la ley habilitante va más en una línea de contenido económico fuerte, contra el sistema económico previsto en la Constitución, que es una economía mixta. Yo lo veo en un sentido de culpar al capitalismo de todos los males que puedan ocurrir en el país. En síntesis: veo filosofía ideológica en esa ley habilitante.”
Esa Ley Habilitante, agrega Henrique Capriles, “lo que busca es perseguir y distraer al pueblo para que se olvide de sus problemas. Con la Habilitante, el gobierno no logrará ser exitoso. Responsablemente llamo a los venezolanos a desconocer esa ley si es aprobada fuera de los estatutos legales de nuestro país”.
La nueva etapa
Pero el gobierno tiene otro punto de vista. El Presidente Nicolás Maduro responde: “Lo que viene es una nueva etapa donde tenemos que asumir con fuerza, todos los objetivos nacionales de la nueva política, de la nueva economía, de la nueva ética”.
Sosa no cree en las palabras ni promesas de Nicolás Maduro. “Este es un gobierno al que lo cubre un misterio absoluto en los datos. Es un gobierno que se ha protegido para no ser perseguido en materia de corrupción. Nada se publica, nada se controla, no hay información fidedigna. La diferencia es que en el pasado es posible que la corrupción no haya sido perseguida con toda la intensidad y fuerza, pero había recursos, había informaciones, las cosas tenían una cierta transparencia, ahora no, a cualquiera le dicen corrupto y es corrupto, incluso en el gobierno”.
Venezuela ocupa el puesto 165 de una lista de 176 países en el combate a la corrupción, según un índice elaborado por la ONG Transparencia Internacional, divulgado hace diez meses.
Nicolás Maduro sostiene que “cuando decimos que hay algo quebrantado es porque se han afectado las funciones vitales del órgano público. Es una enfermedad social…Si la corrupción sigue reproduciéndose y perpetuando su lógica capitalista de destrucción, aquí no habrá socialismo”.
“Es insólito como hemos perdido el sentido que una persona hasta que no se pruebe lo contrario es inocente, eso en este país no tiene ningún valor. Nosotros nos hemos transformado en jueces y parte en el tema de la corrupción, en el tema del insulto, de la agresión, y tenemos que retroceder en eso para crecer como país y como sociedad”, responde la magistrada Sosa.
Es un hecho que la Ley Habilitante será aprobada en Venezuela y es seguro que la Asamblea Nacional le otorgará poderes especiales al presidente Maduro.
En esta baraja, los comicios municipales del próximo 8 de diciembre (8D) adquieren una importancia mayor para el sector opositor al gobierno bolivariano. En palabras de Capriles “ los venezolanos deben ver esas elecciones como una nueva oportunidad para el país. Las elecciones del 8 de diciembre no son solamente para elegir a un alcalde o concejal, son para que todos expresemos nuestro descontento con este gobierno que tiene hecho al país un desastre”.
Con el objetivo de combatir la “guerra económica” contra Venezuela, el Presidente Nicolás Maduro ha acusado de forma directa a los medios de comunicación locales de generar zozobra en la sociedad al informar sobre la escasez de productos básicos y otros rubros. “Estas informaciones son parte de una guerra económica orquestada contra mi gobierno, y tienen que ser controladas”, sostiene Maduro.
La organización Human Rights Watch (HRW) advierte sobre la concentración de poderes en la figura de Nicolás Maduro. De acuerdo con la organización, la Ley Habilitante sepultaría las instituciones democráticas del país.
Por su parte, la alianza de ONG´S Monitor Legislativo sostiene que “aducir la lucha contra la corrupción o el combate a la guerra económica para justificar una Ley Habilitante no son más que excusas para limitar el poder del parlamento e incrementar el poder y discrecionalidad del Presidente”.
Por: Pablo Gámez