Rebazve Holding Ltd. ya no representa a los astilleros públicos españoles en Venezuela. El escándalo de las comisiones, que suma cuatro imputados –entre ellos los expresidentes de Navantia y del Instituto Nacional de Industria-, ha roto recientemente la relación entre la empresa pública española y el comisionista venezolano.
La venta de ocho patrulleros se cerró en noviembre de 2005 al más alto nivel. Intervinieron directamente el entonces presidente del Gobierno,José Luis Rodríguez Zapatero, y su ministro de Defensa, José Bono. Un año antes, el ya fallecido Hugo Chávez visitó España para, entre otros asuntos, tratar el encargo de los buques, un enorme contrato de 1.245 millones de euros.
Según ha sabido ABC, entre el séquito que acompañaba al presidente venezolano estaba su compatriota Juan Rafael Carvallo, el administrador de Rebazve Holding Ltd.. Según fuentes conocedoras de la operación, la venta se cerró de estado a estado y la intermediación de Rebazve no fue ni mucho menos fundamental para la consecución del contrato. Pese a ello, la empresa venezolana cobró un 3,5 por ciento del monto global, es decir, 43 millones de euros, una cifra muy superior a la de mercado, según varias fuentes del sector. Carvallo, que administra la compañía junto a su socio Pedro Enrique Malavé, pertenece a la burguesía venezolana que siguió haciendo negocios con la llegada del «chavismo» al poder.
Una fuente interna de la propia Navantia asegura a ABC que la verdadera labor del intermediario venezolano era el reparto de la «mordida» en España y Venezuela. De hecho, Rebazve contrató a dos españoles a cambio de doce millones de euros. Se trata de Javier Salas Collantes, presidente del Instituto Nacional de Industria (INI) entre 1990 y 1995, y su socio Antonio Rodríguez Andía, expresidente de la naviera pública Transatlántica. Ambos están imputados por delito fiscal y tráfico de influencias. Salas Collantes había sido en tiempos de Felipe González máximo responsable de los astilleros públicos.