El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela alertó sobre el vertiginoso aumento de los procedimientos judiciales y las medidas de censura que afectan las libertades informativas y de opinión en el país. Así lo expresó Marianela Balbi, directora ejecutiva de esta organización no gubernamental de Ddhh, en la audiencia sobre la situación de la libertad de expresión y el acceso a la información pública en Venezuela, en el marco del 149° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).
Balbi describió que en el país persiste un desproporcionado uso abusivo del poder del Estado para criminalizar la labor de los periodistas, los medios privados e independientes, así como a activistas de derechos humanos y reporteros ciudadanos.
“Del 1 enero al 10 octubre de 2013, Ipys Venezuela ha reportado 30 casos de censura por parte de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y electoral, instancias que han emprendido medidas que prohíben la difusión de información sobre temas de interés para los ciudadanos. Esta cifra evidencia un incremento en la aplicación de controles sistemáticos por parte del Estado venezolano, al compararse con el mismo período del año 2012, cuando se reportaron 7 casos de censura por parte de las instancias del poder público venezolano”, documentó Ipys Venezuela.
La directora ejecutiva de Ipys Venezuela expresó que preocupa el aumento de procesos judiciales que se han iniciado contra periodistas, directivos de medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales, si se comparan los datos entre enero y octubre de 2012 y 2013. “En el año en curso Ipys Venezuela ha reportado 20 acciones legales, mientras que en 2012 se registraron 4 incidentes de este tipo. Mediante estos hechos se ha buscado presionar y criminalizar a los periodistas y medios de comunicación que han difundido información sobre la corrupción en la gestión pública; la situación de inseguridad ciudadana y la conflictividad sociopolítica, las presuntas arbitrariedades en el contexto electoral, y las irregularidades de abastecimientos de bienes y servicios básicos”.
El Estado venezolano persiste en la aplicación de mecanismos legales para restringir el trabajo de los periodistas y los medios privados e independientes, mediante acciones judiciales y órdenes de altos funcionarios de los poderes públicos, principalmente, de acuerdo a la información presentada por Ipys Venezuela. “En algunos casos, se ha pedido cárcel y el castigo más severo para los representantes de los medios”, como fue la denuncia presentada contra el Diario 2001, indicó Balbi.
“Las denuncias formuladas por diferentes representantes ejecutivos han sido respaldadas con la actuación de la Fiscalía General de la República, de manera que muestran una posible articulación entre los poderes públicos para restringir el ejercicio de la libertad de expresión e información, tanto de los trabajadores de medios como de la sociedad en general”.
Ipys Venezuela ha documentado diversas medidas legales y acciones de censura que han afectado a los diarios el Correo del Caroní, en el estado Bolívar; y el diario La Mañana, en el estado Falcón; El Nacional y Tal Cual, en Caracas. Han sido señalados por la vía penal varios periodistas entre ellos Horacio Contreras, locutor y director de Studio 102.7 FM, en Mérida; Leonardo León, locutor de ULA FM 107.7 y corresponsal del diario El Nacional; Nelson Bocaranda, locutor del Circuito Unión Radio y director del portal Run.run.es; Miguel Enrique Otero, editor de El Nacional; Leocenis García, presidente del semanario 6to Poder; y Francisco “Pancho” Pérez, columnista de El Carabobeño. De igual manera, fueron citados por tribunales, en calidad de testigo, Luz Mely Reyes; directora del Diario 2001; Omar Luis; subdirector y el jefe de información del mismo periódico Juan Ernesto Páez Pumar.
Información pública limitada
En la audiencia sobre la situación de la libertad de expresión en Venezuela, también, estuvieron representantes del Centro de Derechos Humanos de la universidad Católica Andrés Bello (CDH UCAB), el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), y Espacio Público. Este grupo denunció las restricciones al acceso a la información pública con la creación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria. Provea describió que solo 3 ministerios han publicado sus Memoria y Cuenta, mientras que el CDH-UCAB se refirió a las limitaciones para los derechos de palabras de algunos parlamentarios en la Asamblea Nacional.
Por parte del Estado venezolano, intervino Luis Brito García quien alegó que en “Venezuela no hay censura” al tiempo que consideró que la mayoría de las críticas que realizan los medios privados contra el gobierno nos inventadas. Argumentó que en el país no se restringe el acceso a la información pública. También, opinó que los medios privados fundamentan una “estrategia del terror sobre el desabastecimiento”, al referirse a los titulares de prensa que difunden denuncias sobre irregularidades en la distribución de alimentos en el país. “La prensa está jugando una dialéctica del pánico”, dijo el representante del Estado venezolano.
En la audiencia de la CIDH, también, estuvo presente Catalina Botero, relatora para la libertad de expresión del organismo; Felipe González, relator para Venezuela, entre otros comisionados.
Reacción estatal
Esta coyuntura se enmarca en un aumento sistemático de las violaciones a la libertad de expresión e información, consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
De acuerdo a los datos de IPYS Venezuela, del 1º de enero al 10 de octubre de 2013, se reportaron 228 casos en los que se ha vulnerado los principios de la libre expresión en información. Esta cifra supera el número total de casos de 2012, cuando se contabilizaron 200 incidentes. Además, alcanza los índices más restrictivos en los últimos 11 años.
Exigencias
Las organizaciones de derechos humanos solicitaron a la CIDH exhortar al Estado Venezolano a garantizar las medidas necesarias para el ejerció pleno de la libertad de expresión, sin que la emisión de opiniones comporte ningún tipo de riesgo, amenazas ni presiones contra los periodistas, los medios de comunicación y los ciudadanos en general. Solicitaron a los representantes del Estado cesar con la campaña y las acciones de criminalización y de censura que limitan las libertades informativas en el país, de acuerdo a las disposiciones de la Constitución Nacional y los estándares internacionales de protección de la libertad de expresión.