La política de Venezuela de derribar aviones sospechosos de narcotráfico fue cuestionada por ONG’s y diplomáticos venezolanos por considerarla “poco transparente” en momentos en que México pide aclarar un incidente con una nave de matrícula mexicana.
Sofia MISELEM/AFP
Las cancillerías de México y Venezuela intercambiaban este jueves información sobre un aeronave mexicana que el pasado lunes fue obligada a aterrizar y posteriormente fue incendiada en una zona del estado de Apure (suroeste), fronterizo con Colombia, en el marco de operativos antidrogas de la Fuerza Aérea venezolana.
“Los ocupantes abandonaron la aeronave antes de su inhabilitación”, informó la cancillería mexicana en una nota tras recibir una primera respuesta de Venezuela.
“Recientemente, en aguas nacionales, fue derribado el avión número 30 (…) vinculado al narcotráfico”, dijo el miércoles el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en un discurso ante la Asamblea Nacional.
El exvicanciller venezolano Milos Alcalay dijo a la AFP que es “preocupante” que el presidente haga tal anuncio que implica la “posible pérdida de al menos 30 vidas humanas”, además de que el gobierno nunca brinda detalles sobre si en efecto las naves llevaban algún cargamento ilícito.
“No estamos en la era de la ley del más fuerte, así el narcotráfico sea un crimen de alcances trasnacionales, son vidas humanas. Y para acusarlos, hay que demostrar”. añadió Alcalay.
La política de neutralizar aviones sospechosos que no respondan a instrucciones de la Fuerza Aérea se enmarca en Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo.
La iniciativa fue aprobada en mayo de 2012 durante el gobierno del expresidente Hugo Chávez (1999-2013), quien admitía que derribar aviones no era de “su gusto”, pero que era un forma de evitar que el espacio aéreo venezolano fuera utilizado por el narcotráfico.
Los derribos de aviones son informados en escuetos comunicados o en redes sociales por el gobierno, sin precisar matrícula, posibles víctimas o cargamento. En el caso de la avioneta mexicana, se mostraron imágenes del artefacto en tierra reducido a cenizas.
La organización Control Ciudadano para la Seguridad ha descrito esta ley contra vuelos ilegales como una forma de “acallar las voces” que señalan a Venezuela de “narcoestado”.
“Esta política no favorece a la credibilidad de Venezuela en la lucha antidrogas. Son operativos rechazados por ONG’s por su falta de transparencia”, dijo a la AFP Rocío San Miguel, directiva de Control Ciudadano.
“La falta de información da pie a cualquier tipo de especulación, desde que pudieran ser operativos no reales hasta casos de abuso de fuerza”, añadió San Miguel.
Alcalay coincide en que la falta de información detallada también conduce a cuestionar si “son reales o ficticios”, lo que también sería un “horror” porque entonces “tendrías a un gobierno que miente”.
Desde mediados de octubre, la Fuerza Aérea ha informado de cinco incidentes con aviones y en el caso de la nave mexicana es la primera vez que se identifica la matrícula.
“No habíamos tenido antecedentes de aviones mexicanos porque es la primera vez que se informa de la matrícula”, dijo a la AFP Fernando Godínez, vocero de la embajada mexicana en Caracas al explicar que se espera conocer si los tripulantes eran mexicanos.
La prensa mexicana ha identificado al propietario del avión, del que no se tienen mayores antecedentes salvo que lo adquirió el 30 de octubre pasado.
Venezuela es considerado por la ONU como libre de cultivos ilícitos, pero es señalada como paso de cargamentos de droga, sobre todo provenientes de Colombia, donde actúan grupos del narcotráfico que estarían relacionados con los poderosos cárteles mexicanos. AFP