A propósito de la segunda discusión que recibirá el día de mañana martes, la solicitud de Ley Habilitante presentada por el presidente Maduro, la diputada Vestalia Sampedro habla de un elemento clave, para delegar las atribuciones reservadas al Poder Legislativo, que se estaría violentando en la presente solicitud, como lo es la especificación y delimitación de las materias a legislar, en los términos que contempla la Constitución. Nota de Prensa
“La confianza se gana no se impone. Para transferir el poder de legislar otorgado por el pueblo, debemos saber qué delegamos y a quién”, expresa.
Sobre las causas para su solicitud, considera que “quien no ha combatido la corrupción causada por su poder y ha adoptado medidas económicas que han empobrecido al pueblo, no puede ser confiable para revertir la situación”.
Argumenta que la Constitución es bien expresa al exigir que su contenido fije las directrices, propósitos y marco de las materias que se delegan al Presidente de la República, así como el plazo para su ejercicio. A su juicio, el texto en discusión incumple con este mandato porque es genérico, “la ley ha sido solicitada para luchar contra la corrupción y defender la economía pero no señala con cuáles medidas concretas y sus delimitaciones (…) pide poder hasta para legislar sobre materias exclusivas de la AN, las leyes orgánicas y la tipificación de conductas sancionables y sus penas, es un exceso”, subrayó.
De igual manera estima que “esa falta de especificidad en las materias a legislar permite -válida y legítimamente- presumir que el Ejecutivo no aclara sus alcances, porque mantiene una agenda dirigida a implantar un sistema político y económico distinto al concebido por la Carta Magna, y esa pretensión es la que hace valer a la hora de decretar leyes, comprometiendo así nuestro sistema democrático y económico, nuestras libertades”.
Más allá de ésta observancia, continúa la diputada Sampedro, “hallamos lo que más preocupa a los venezolanos (…) todos sin distingo, estamos sufriendo los embates de una crisis económica”, cuyo epicentro añade, sería “la aplicación de un marco legal impuesto en el pasado, por medio de otras leyes habilitantes, secundado por la bancada oficial en la Asamblea Nacional, dirigido a asfixiar y reducir al sector privado, mientras facilita el gasto y derroche del sector público, detonantes de la escasez de hoy y la pérdida del valor de la moneda, entre otros”.
Considera que los venezolanos padecen una crisis evidenciada con la falta de producción de los alimentos y productos básicos, así como en la reducción de la capacidad de compra de los ingresos y que esto sería el fruto de lo sembrado “un exceso de regulación e intervencionismo que puso en manos del Estado los rubros que a su vez sacó de nuestras mesas”, recordó que las estatizaciones adelantadas habrían colocado en manos del gobierno, el 42% de la producción de harina de maíz, 40% de la de arroz y el azúcar, el 80% del café y la importación de leche en polvo, productos que “esporádicamente logramos conseguir a precio de cola y peregrinar de mercados”, expresó.
Por otra parte, no dudó en calificar como una experiencia negativa, el cambio de uso de la habilitación, recordó que la última, fue concedida para atender consecuencias de un desastre natural y “se empleó hasta para modificar la clasificación de los ingresos de la Nación, materia de un orden distinto”. En ésta oportunidad significaría, a su entender “nada más y nada menos que entregar a quien preside el país, toda la facultad que el pueblo dio a un Poder Legislativo, escogido plural, despojarlo de su principal función hacer leyes y esto equivale a romper el orden bajo el cual el soberano escogió distribuir el Poder Público Nacional, a disolver el parlamento de manera tácita y además de forma fraudulenta, porque toda la opinión pública sabe como el oficialismo consiguió los 99 votos”, sentenció.