Venezuela se ubica en el lugar 181, a ocho puestos del último lugar (Tabla 1), es decir, que se encuentra muy lejos de alcanzar dos objetivos -interdependientes- fundamentales del Banco Mundial como son: poner fin a la extrema pobreza e impulsar la prosperidad de las naciones. Según el estudio, el Banco Mundial evalúa –comparando- en las 189 economías las diez mejores prácticas que consideran claves para el desarrollo de negocios.
Las prácticas valoradas se realizan en las cinco etapas del ciclo de vida de un negocio. En la primera etapa, iniciar un negocio, incluye la práctica para la apertura de una empresa y la contratación de los trabajadores. En la segunda, instalar un negocio, comprende el manejo de los permisos de construcción, el tiempo de conexión al servicio eléctrico, y el registro de la propiedad. En la tercera etapa, lograr financiamiento, son la obtención de crédito, y la protección de los inversionistas. La cuarta, funcionar u operar, consta del pago de impuestos y el comercio con otras economías; y la quinta etapa, cerrar un negocio, contiene el cumplimiento de los contratos, y la obtención de las solvencias.
Luego de once años de estudios comparativos realizados por el BM-IFC, los resultados obtenidos muestran que un buen desempeño en estas diez prácticas ha permitido a las economías generar prosperidad y reducir la pobreza en los países.
En el caso de Venezuela en todas las prácticas, excepto en la etapa de lograr financiamiento y la práctica pago de los impuestos, pierde posición con respecto al año pasado. Sobre todo en las etapas de cerrar un negocio 8 posiciones, instalar un negocio 5 posiciones promedio, e iniciar un negocio 3 posiciones. (Gráfico 1)
Estos resultados son la consecuencia de una “guerra económica” desarrollada en los últimos diez años que consiste en eliminar el sistema económico basado en el mercado (oferta-demanda) y el usufructo de la propiedad privada por parte de individuos y/o empresas a través del intercambio de mercancías. Una “guerra económica” que busca alcanzar en el sector primario de la economía la independencia agrícola y en el secundario la siembra petrolera.
En el sector primario de la economía, esta guerra inicia (2004) con la ocupación de vastas extensiones de tierras -“propiedades ociosas”- a través del reparto popular de la propiedad rural, para destruir la capacidad de producción de productos agrícolas y pecuarios. En el sector secundario, la industria estatal de minas e hidrocarburos (2003) y las empresas básicas son tomadas por asalto; a la vez que ocupan varias instalaciones agroindustriales, para acabar con la eficiencia operacional del sector.
Para destruir y acabar con la economía de mercado el poder del Estado utiliza la empresa de producción social (EPS), que es “una entidad económica con igualdad sustantiva entre sus integrantes, basada en una planificación participativa y protagónica, y bajo régimen de propiedad estatal, propiedad colectiva o la combinación de ambas”; cuyo objetivo fundamental es el retorno social.
Después de diez años de “guerra económica”, los datos indican que ha generado escasez de víveres y productos de la cesta básica del venezolano; así como el incremento de los precios -la más alta inflación del continente-. Hoy la cesta básica equivale a casi 5 salarios mínimos a pesar de la política de control de precios.
Ante la falta de capacidad de producción –en el sector primario y agroindustrial- el gobierno recurre a una economía de puertos que financia con los ingresos extraordinarios obtenidos por el precio del crudo.
El petróleo se convierte en la única arma –disponible- para avanzar en esta “guerra económica” porque es la que permite entregar las divisas necesarias (96%) para mover la economía. Sin embargo el asalto al sector secundario genera: la pérdida de la eficiencia operacional de la industria de los hidrocarburos destruyendo la capacidad de producción del 2003 (23%); menores ingresos corrientes de divisas por el pago con producción futura de crudos y/o productos los préstamos chinos (25% producción actual), y por financiar las entregas de crudos a los países de la región (13% producción actual), al convertirse en un arma geopolítica.
Como consecuencia el arma para seguir avanzado en la “guerra económica” ha perdido gran parte de la capacidad y sólo cuenta con el 26% neto de las divisas necesarias para el financiamiento de la ofensiva. Es una guerra que se le acaba el combustible. Por ello recurre en la actualidad a la intervención del sector terciario de la economía -de puertos- asaltando los comercios con el slogan “que no quede nada en los anaqueles”.
Es el último sector de la economía que será destruido, no con los recursos del petróleo –como se hizo en los sectores primario y secundario de la economía- sino con la represión que otorgan los poderes especiales entregados antier al poder ejecutivo.
Mientras tanto (9 de noviembre) el gobierno chino, que dirige la segunda economía de mundo y ocupa posición 96 de la tabla de Doing Business, acaba de plantear la “necesidad de racionalizar aún más la relación entre el gobierno y el mercado” tomando en cuenta la cuestión de “cómo puede participar de manera más equitativa el capital privado en la competencia del mercado”. En pocas palabras, esto significa conseguir que los cuadros del partido comunista chino dejen de tomar las decisiones bajo la premisa de quién obtiene qué, y permitan que las fuerzas del mercado jueguen un papel más importante en la economía china.
Adicionalmente la premisa sobre la que se ha sustentado el crecimiento de los sectores de la economía china durante los últimos 30 años, que fue financiar con inversión pública el desarrollo de las grandes empresas del estado, le deja en esta nueva etapa a los capitales privados asumir el riego de la inversión que hasta ahora lo había contraído el estado.
Un país con la experiencia económica de “El Gran Salto” (finales 1950 y principio 1960) que conoció y desarrolló las comunas como unidades económicas autosuficientes para erradicar la pobreza en las masas campesinas, permitirá durante los próximos diez años la apertura a la inversión extranjera de los sectores finanzas, educación, cultura y salud.
Mientras que en los diez años de “guerra económica”, el gobierno de Venezuela ha destruido 2,516 billones de dólares ($2.516.000.000.000); quemado las tierras cultivables; arruinado la infraestructura para la producción agropecuaria, hidrocarburos, eléctrica, aluminio, hierro, acero; y ahora saquea los anaqueles en los comercios.
Ha sido una “guerra económica” para confiscar todos los activos –materiales y humano- a través de la destrucción de un país.
Antonio De La Cruz es Director Ejecutivo Inter-American Trends
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