La diputada por la Mesa de la Unidad (MUD), en la Asamblea Nacional (AN), Rosaura Sanz, conocida como “la Negra Rosaura”, fue blanco de una demostración de racismo puro en el hemiciclo de sesiones del Parlamento. Este exabrupto vino por parte de la parlamentaria Gladys Requena (Psuv), quien arremetió contra su colega, porque Sanz propuso que se debatiera el problema de la escasez de los alimentos y productos de primera necesidad que afecta a los venezolanos.
Janet Yucra M.
La Negra Rosaura gritó que era “necesario un debate, para que expliquen qué está pasando con la harina PAN, la leche, el papel tualé… No hay comida. Habrá dinero para comprar, pero no hay comida”. Mientras hacía su petición, Rosaura Sanz blandió un rollo de papel higiénico y comentó: “esto es oro puro”. “En este momento ni siquiera conseguimos lo primordial para nuestros hijos. La leche la conseguimos a Bs. 30 y 40 (…). Esto que yo tengo aquí (papel higiénico) es oro puro, queridos parlamentarios, no se encuentra en los anaqueles (…) No es justo, no es posible que las amas de casa nos estemos comiendo un cable”, agregó.
En respuesta, Requena comenzó calificando de “hipócrita” a su colega y luego le sacó en cara su color de piel, reclamándole el hecho de que al ser “afrodescendiente” debía “darle vergüenza, con el rostro que usted tiene, defender a la burguesía”. Luego citó unos versos del escritor y poeta Andrés Eloy Blanco: “cosas que son de ley siempre resultan un fiasco: mujer orinando en frasco y negro inscrito en Copei”.
Seguidamente, Requena dijo que negaban la petición de Sanz, porque “la burguesía es la que tiene acaparados los productos de primera necesidad”.
¿Recordará la diputada Requena que fue la propia AN la que aprobó la ley contra la discriminación y que la Constitución garantiza los derechos de los venezolanos, sin distinciones de ninguna clase? Al parecer, para esta diputada, el color de piel determina las preferencias políticas de la gente.
Ventaja y ventajismo
En la plenaria de ayer, los diputados de la MUD denunciaron el “ventajismo electoral” por parte del oficialismo, por el “uso y abuso” de los recursos del Estado para la campaña por las elecciones municipales del 8 de diciembre y propusieron un debate al respecto.
La respuesta del Psuv fue negativa y desde su curul, Pedro Carreño, argumentó que lo que ocurre es que los socialistas llevan “ventaja” sobre “la derecha”, por lo que a su juicio no hay “ventajismo, sino ventaja”. “Ahora, cuando se dan cuenta de que con las elecciones no hay marcha atrás, andan buscando burladero para tratar de escurrir el bulto de la derrota que tienen cantada, porque desmovilizaron a su gente y porque son minoría”.
Aseguró que la oposición ha “arremetido contra el ente rector electoral para tratar de hacer ver un supuesto fraude donde no tienen ninguna prueba y que jamás existió”.
Que demanden a Cuba
El diputado Abelardo Díaz (Copei/Táchira) solicitó a la Procuraduría General de la República que en nombre del Estado venezolano proceda a demandar penalmente en instancias internacionales al gobierno de la República de Cuba, por la estafa en contra de nuestra nación, por más de 170 millones de dólares, así como resarcimiento de los correspondientes daños y perjuicios en contra del patrimonio de Venezuela, como consecuencia del incumplimiento del contrato para desarrollo de solución tecnológica integral, firmado en el año 2008 con la empresa cubana Albet Ingeniería y Sistema, para la elaboración y suministro de las cédulas electrónicas a los venezolanos. Recordó que esta contratación tenía un año como lapso de duración, contado a partir de la firma del acta de inicio, de lo cual han transcurrido más de cinco años sin que hasta el momento exista respuesta alguna del gobierno cubano, ni intención de revisar esta grave situación por parte del gobierno venezolano, es decir, “a la fecha no tenemos respuesta y no sabemos qué sucedió ni con las cédulas electrónicas, ni con los dólares erogados en este contrato”, dijo.
La “maquinita” del dinero
Este martes fueron aprobados 13 créditos adicionales por 24 millardos de bolívares, los cuales, sumados a las erogaciones que se han autorizado en el año, llegan a la cantidad de 272 millardos de bolívares. Gran parte de este dinero se va en pago de deudas laborales de los despachos gubernamentales. También fue sancionada la Reforma Parcial de la Ley de Timbre Fiscal. Se cambió el artículo 7 de la ley vigente, para aumentar las tasas de los trámites del SAIME. Fue aprobada en primera discusión la Ley de Telesalud y se inició la segunda discusión de la Ley de Alistamiento Militar.