Desde el aire, el manto verde que cubre la Amazonia venezolana deja entrever pequeños, pero cada vez más numerosos, agujeros.
En tierra, a 40°C bajo la sombra, cuadrillas de mineros brasileños, colombianos y venezolanos devoran una de las zonas de mayor biodiversidad del mundo en busca de oro, diamantes y coltán que, según autoridades locales, sacan clandestinamente del país con ayuda de la guerrilla colombiana de las FARC.
Como ocurrió a principios del siglo XX con la fiebre del caucho, los fabulosos precios del oro -que triplicó su valor en la última década- han hecho florecer un millonario e ilegal negocio que sabotea los esfuerzos del Gobierno venezolano por frenar la deforestación en el pulmón del planeta.
Organizaciones no gubernamentales de derechos indígenas, como Survival International, calculan que hasta 4.000 mineros ilegales -o garimpeiros- actúan en las entrañas del estado venezolano de Amazonas, enclavado entre Colombia y Brasil.
Y según el gobernador Liborio Guarulla, lo hacen protegidos por miles de combatientes de las FARC que se esconden del lado venezolano de la frontera de 2.219 kilómetros de selva.
“La presencia de garimpeiros y guerrilleros en territorio venezolano es evidente”, dijo Guarulla, un indígena de la etnia baniva que gobierna Amazonas desde el 2001.
El político de 59 años, opositor al presidente socialista Nicolás Maduro, recibió recientemente a un grupo de corresponsales extranjeros en su despacho de Puerto Ayacucho, la capital de Amazonas a unos 540 kilómetros al sur de Caracas.
Durante una conversación en la modesta construcción de techo de paja y paredes mohosas, acusó al Gobierno de no cumplir su compromiso con el medio ambiente.
“La explotación ilegal de oro”, dijo “se hace de alguna manera con el beneplácito de las Fuerzas Armadas. Cuando los indígenas se quejan, inmediatamente son reprimidos”.
Autoridades venezolanas no estuvieron disponibles para comentar las denuncias, pero en el pasado han negado acusaciones similares. Maduro ha criticado a Guarulla por abandonar la coalición de partidos que apoyaba al Gobierno y se ha referido a él como “muy corrompido, muy borracho”, a pesar de que el gobernador jura ser abstemio.
A diferencia de antaño, cuando los garimpeiros se abrían paso en la selva a machetazos, autoridades de Venezuela y los otros siete países amazónicos han denunciado que ahora emplean maquinaria pesada para desviar ríos, deforestar y remover una tonelada de sedimento para hallar apenas unos gramos de oro.
Además, contaminan ríos y tierras con el letal cianuro que usan para recuperar metales mediante el proceso de lixiviación.
Representantes de naciones amazónicas reunidos en octubre en Brasilia dijeron que, muchas veces, las transnacionales de la minería esperan a que los garimpeiros descubran una gran veta para tomar el control, apareciendo como los salvadores del daño ambiental con su tecnología de punta.
La maldición yanomami
Ubicado en el extremo sur de Venezuela, Amazonas es un estado escasamente poblado con un 25 por ciento de su superficie ocupado por el bosque tropical más extenso del mundo: la Amazonia.
Además de producir un tercio del oxígeno que respiramos y ser el hogar de innumerables especies de plantas y animales, la Amazonia es un enorme depósito de oro, diamantes y coltán, un mineral estratégico utilizado en la fabricación de teléfonos móviles, computadoras portátiles y misiles teledirigidos.
Y el devastador avance de los garimpeiros tras esas riquezas no sólo está acabando con la selva, sino también con sus habitantes: los indígenas yanomami.
Nómades dedicados a la caza, la pesca y la recolección, los yanomami ocupan 20 millones de hectáreas de selva prístina, un territorio del tamaño del Reino Unido en la frontera de Venezuela y Brasil. ¿Su maldición? Estar plagados de minerales.
En la década de 1980, una avalancha de 40.000 garimpeiros acabó con la quinta parte de los yanomami, diezmados por la gripe y la malaria. Desde entonces, organizaciones de derechos humanos han denunciado numerosos asesinatos a manos de los buscadores de oro.
El año pasado, sin ir más lejos, una comunidad de 80 yanomami en la frontera con Brasil fue masacrada por proteger sus tierras, según relató uno de los sobrevivientes a radios y periódicos locales. El Gobierno venezolano negó que hubiera ocurrido una masacre.
Reforzando la percepción de Amazonas como una vasta tierra de nadie, los casi 20.000 yanomami que deambulan por la selva venezolana se han convertido en mano de obra barata -o sencillamente gratuita- para los garimpeiros.
“En varias comunidades hemos conseguido yanomami marcados con números en sus hombros”, dijo Luis Shatiwe, un líder yanomami de 30 años al mando de una organización que agrupa a varios pueblos indígenas de Amazonas.
Los mineros ilegales apresan a los indígenas y los tatúan para reconocerlos cuando huyen, una práctica extendida en la Amazonia durante la fiebre del caucho. “Los tienen como esclavos”, explicó el activista en lengua yanomami.
Una decena de indígenas entrevistados por Reuters durante un reciente viaje a Amazonas dijeron que los mineros actúan con total impunidad.
“¿Para qué uno denuncia? Si a los dos días encuentras a los garimpeiros caminando alegremente por la calle. Aquí no hay autoridad que nos pueda defender”, se quejó María Pérez, una indígena Hoti que nació en la Sierra Maigualida, cerca de Brasil, pero se mudó a Puerto Ayacucho buscando seguridad.
Alarmados por los abusos de los garimpeiros, líderes indígenas del estado Amazonas dicen estar también preocupados con la aparición en sus tierras de campamentos de la estatal china Citic Group, a la que el Gobierno de Maduro le encargó trazar el mapa minero de Venezuela.
Citic está a punto de comenzar el desarrollo de Las Cristinas, una de las minas de oro más grandes del mundo en el sureste venezolano, contigua a la Amazonia. Pero un portavoz de la empresa china en Caracas negó que estén interesados en explotar oro también en territorio yanomami.
Más guerrilleros…
A mediados del 2010 el Gobierno del entonces presidente colombiano Alvaro Uribe presentó ante la OEA supuestas pruebas sobre la presencia de miembros de las FARC y el ELN -otro grupo guerrillero- en territorio venezolano.
El otrora presidente de Venezuela, Hugo Chávez, negó las acusaciones y, furibundo, rompió relaciones diplomáticas con su vecino. El tema pasó pronto al olvido.
Pero en entrevistas realizadas en la frontera, soldados de la Guardia Nacional venezolana y residentes dijeron a Reuters que una ofensiva contra la guerrilla en Colombia empujó a las FARC hacia Venezuela.
En San Fernando de Atabapo, una pequeña, calurosa y polvorienta ciudad a 218 kilómetros río arriba desde Puerto Ayacucho, se refieren a los guerrilleros colombianos como los “muchachos”.
“Los muchachos vienen al pueblo, se abastecen de gasolina, aceite y demás provisiones y se pierden otra vez en la selva”, relató Hassan Fadel, un comerciante libio de 89 años, dueño de un abasto frente al puesto de la Guardia Nacional encargado de la seguridad de los 10.000 habitantes de la localidad.
Fadel, que ha pasado la mitad de su vida en Atabapo, contó que antes los guerrilleros llegaban en uniforme de combate y exigían provisiones. Pero de un tiempo a esta parte empezaron a aparecer vestidos de civil y cargados de dinero para comprar alimentos, bidones de gasolina y motores fuera de borda.
Lejos de la capital Caracas y accesible únicamente por el río Orinoco o por avioneta, San Fernando de Atabapo fue la capital de Amazonas hasta 1928. Y desde entonces parece que quedó suspendida en el tiempo.
En entrevistas durante una reciente visita, residentes de Atabapo dijeron que al caer la noche avionetas supuestamente cargadas con droga y armamento surcan los cielos estrellados en una danza conocida por muchos, pero denunciada por pocos.
Frente al abasto de Fadel se yergue un pequeño puesto de la Guardia Nacional venezolana atiborrado de motores fuera de borda nuevos, aún en sus cajas, y bidones llenos de gasolina.
Aprovechando la ausencia de sus superiores, un soldado contó que algunos oficiales hacen de la vista gorda al dejar pasar armas, drogas y minerales que son sacados de Venezuela tras una larga travesía por el Orinoco.
“Muchos de los jefes encubren estas acciones porque están en conchupancia (contubernio) con la guerrilla”, dijo el militar, que pidió no ser identificado.
Reuters no pudo corroborar las denuncias.
Oficiales de la Guardia Nacional declinaron comentar sobre el tema, pero dijeron que constantemente realizan operativos para impedir la presencia de guerrilleros y mineros en la zona.
A unos metros de allí, decenas de botes, conocidos como “voladoras”, descansan desordenados en un puerto donde espera, paciente, un ex garimpeiro devenido en piloto de lancha.
“Ellos (los guerrilleros de las FARC) no sólo cuidan los campamentos donde están los garimpeiros, también los escoltan río abajo”, dijo el hombre, agregando que de vez en cuando regresa a los campamentos mineros para trasladar mercancía.
Pero a medio camino entre Atabapo y Puerto Ayacucho, en el municipio Autana, no todo el mundo está tan seguro.
“Vemos hombres vestidos con trajes militares yendo río arriba pero no podemos saber de dónde son”, dijo Ramón Garrido, un político independiente. “No tenemos las pruebas”.
…Y menos árboles
La anarquía y la depredación de minerales no son las únicas consecuencias de la presencia de garimpeiros y guerrilleros en la Amazonia venezolana.
La deforestación en Venezuela aumentó en los últimos años a un ritmo de 1.100 kilómetros cuadrados anuales, un agujero del tamaño de la ciudad brasileña de Río de Janeiro, según cifras oficiales.
Y aunque no es comparable con los 5.843 kilómetros cuadrados deforestados en Brasil apenas en el último año, es una de las tasas más altas de los países de la cuenca amazónica.
Autoridades locales y organizaciones ambientalistas culpan de la tala ilegal a los garimpeiros, pero según la Interpol la extracción de madera se ha transformado en un negocio que puede llegar a mover hasta 100.000 millones de dólares al año.
A mediados de julio la policía internacional comandó un operativo realizado por fuerzas de los países amazónicos y decomisó 292.000 metros cúbicos de madera.
Dos tercios del botín, valorado en 40 millones de dólares en el mercado internacional, provenían de Venezuela. Pero la oficina de la Interpol en Caracas declinó revelar más datos, argumentando que podía comprometer su trabajo.
El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente cree que el crimen organizado es responsable por un 90 por ciento de la deforestación en las selvas tropicales.
“Las operaciones ilegales son cada vez más sofisticadas”, dijo la agencia de la ONU en un reciente informe. “Las unidades del crimen organizado a menudo falsifican firmas, ‘hackean’ las bases de datos comerciales de los Gobiernos e incluso sobornan a los funcionarios para obtener un permiso”.
Pese a los malos augurios para la Amazonia, el Gobierno venezolano lleva a cabo un programa que prevé plantar unos 20 millones de árboles en zonas deforestadas hasta el 2015.
Sobrevolando la selva en el pequeño avión que usa para desplazarse por Amazonas, el gobernador Guarulla dice que ojalá la iniciativa del Gobierno pueda, poco a poco, borrar los lamparones de tierra parda dejados por los garimpeiros. Pero como muchos aquí, tiene dudas.
“¿Es posible que si Colombia llega a un acuerdo de paz con las FARC ellos se retiren de Venezuela?”, dijo en alusión a las actuales negociaciones de paz entre el Gobierno y la guerrilla. “¿O van a seguir en el negocio? Porque es muy bueno”.
Reuters