El Senado uruguayo debatía el martes un proyecto que convertirá al país en el primero en legalizar la producción y venta de marihuana, experimento que busca enfrentar el narcotráfico en la región qué más sufre la lucha contra las drogas. AFP
“La guerra contra las drogas ha fracasado”, aseguró al presentar el proyecto el senador Roberto Conde, de la coalición gobernante de izquierda Frente Amplio, con mayoría parlamentaria que le asegura la aprobación del polémico texto.
El plan uruguayo, que va más allá que las legislaciones de los estados estadounidenses Washington y Colorado o de países como Holanda o España, es una “respuesta ineludible” a este fracaso, consideró.
El legislador aseguró que entre otros aspectos el proyecto busca solucionar la “grotesca incongruencia jurídica” que implica que si bien el consumo de drogas no está penado en Uruguay, hasta ahora sí lo está su producción y comercialización.
La iniciativa, que habilitará la producción, distribución y venta de cannabis, el autocultivo y los clubes de consumidores, todo bajo control estatal, ha sido promovida por el presidente José Mujica, un exguerrillero de 78 años quien no ha dudado en calificarla como un experimento y dijo que si no funciona está dispuesto a dar marcha atrás.
“La duda es legítima, pero la duda no nos puede paralizar para ensayar nuevos caminos ante un problema que nos tiene agarrados”, dijo Mujica este martes al canal 4 de televisión local.
“No estamos totalmente preparados”, admitió el presidente, llamando no obstante a tener “audacia”.
Derribar estigmas
Instalado desde temprano en las barras del Senado, Hernán Delgado dijo a la AFP que aunque el consumo de drogas está bastante naturalizado en Uruguay, los consumidores suelen ser estigmatizados.
“La ley va a permitir reformular la visión que tiene la sociedad de los usuarios de drogas”, opinó Delgado, integrante de la organización Regulación Responsable, que en los últimos meses lanzó varias campañas en respaldo a la ley.
Mientras el debate parlamentario se extendía, cientos de jóvenes convocados por la Coordinadora nacional por la regulación de la marihuana se reunieron a media tarde en una plaza céntrica para marchar hacia el parlamento bajo la consigna “Cultivando la libertad, Uruguay crece”.
Portando globos y hojas verdes con la inscripción “Uruguay regula 2013”, fumando cannabis y en un ambiente festivo, los manifestantes iniciaron la que califican de “última marcha con la marihuana ilegal”.
El consumo de cannabis, que representa el 70% de las drogas ilegales en Uruguay, se ha duplicado en los últimos 10 años. Según las autoridades hay unos 128.000 fumadores de cannabis, aunque las asociaciones de consumidores calculan que rondan los 200.000, en un país con una población de 3,3 millones de habitantes.
Según el texto en debate, los mayores de 18 años podrán acceder a la droga mediante el autocultivo, clubes de consumidores o comprándola en farmacias, en todos los casos con límites y previo registro ante el Estado.
Riesgos para la salud
Desde la oposición, que rechaza la iniciativa, se subrayan las consecuencias que puede tener el proyecto sobre el consumo y la salud de la población.
“Ni nuestro gobierno ni el resto del mundo debería experimentar con los uruguayos”, advirtió el senador Alfredo Solari, del opositor Partido Colorado.
Desde el partido Nacional, el senador Jorge Larrañaga aseguró que buscará promover la derogación de la norma en el próximo gobierno, a partir de 2015, mientras que Luis Alberto Heber consideró que creer que se podrá evitar un mercado negro y el consumo de los menores “es de una gran inocencia”.
La iniciativa es también cuestionada por los químicos farmacéuticos, que rechazan la idea de que la droga sea vendida en las farmacias, y divide a los psiquiatras, enfrentando a quienes afirman que puede abatir el consumo de drogas más peligrosas y quienes sostienen que banaliza los efectos nocivos del cannabis.
La ley sigue despertando además resistencia entre los uruguayos: el 61% la desaprueba, según una encuesta de setiembre pasado.
Tampoco los consumidores son unánimes. Mientras muchos celebran, otros cuestionan el hecho de tener que registrarse y los límites al consumo que aplicará el Estado.
“No corresponde al Estado determinar cuánta marihuana se puede consumir y de qué calidad”, dijo recientemente a la AFP Alicia Castilla, que estuvo en 2011 tres meses presa por tener plantas de marihuana en su casa.
En una región donde la guerra contra las drogas ha dejado decenas de miles de muertos, el proyecto es respaldado por expresidentes latinoamericanos integrantes de la Comisión Global de Política de Drogas, pero es visto con preocupación por los países vecinos Argentina o Brasil.
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), que vigila la aplicación de los tratados sobre drogas, ha advertido que el proyecto vulnera la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes adoptada por 186 países, incluido Uruguay.
La regulación del cannabis en Uruguay se suma a la legalización en los últimos meses del aborto y el matrimonio homosexual, y a una larga historia de leyes sociales liberales en el país.
Lejos del interés mundial que generó la iniciativa, a diez cuadras del Parlamento, Juan Lopéz, de 19 años, se sorprende cuando se entera de la votación.
“Está bueno que se pueda comprar más fácil, pero ni loco me registro porque nunca sabés en qué puede terminar” ese dato, confió de todas formas a la AFP.