Uruguay se colocó en el foco del mundo con la legalización el martes de la producción y venta de marihuana y ahora enfrenta la titánica tarea de definir aspectos claves de la norma, entre ellas cómo regular el cultivo y el control de consumidores.
Mientras países como Venezuela y Bolivia defendieron la soberanía uruguaya para adoptar una norma de este tipo, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) “lamentó” la medida y advirtió que viola convenios internacionales.
Ante el interés internacional que genera la decisión de este pequeño país de tres millones de habitantes, las autoridades señalaron que se está formando un grupo de académicos uruguayos y extranjeros que evaluará el desarrollo de la flamante regulación.
La norma que convierte a Uruguay en el primer país en controlar el mercado del cannabis y sus derivados entrará en vigencia cuando la promulgue en los próximos días el presidente José Mujica, promotor de la iniciativa.
Pero será la reglamentación -que el Ejecutivo debe tener pronta en un máximo de cuatro meses- la que determinará aspectos como qué variedades de la droga se producirán, con qué grado de concentración, cómo se otorgarán las licencias para plantar o cómo y dónde se cultivará, tarea que recaerá en la Junta Nacional de Drogas.
“Tenemos que establecer siete tipos de licencias diferentes: licencias para producir, acopiar y distribuir, licencia para expender en todo lo que es el sistema de farmacias, licencia para autocultivadores, para clubes de cannabis, para la regulación de los usos médicos, farmacéuticos o cosméticos”, señaló el miércoles a periodistas Julio Calzada, secretario general de la Junta.
Calzada estimó que las licitaciones se realizarán en el primer trimestre de 2014, por lo que el expendio de cannabis en farmacias, con un límite de 40 gramos mensuales por usuario registrado, seguramente esté funcionando a partir del segundo semestre del año próximo.
La plantación “será progresiva, con el objetivo de cubrir el total del mercado estimado”, indicó, calculando que 10 hectáreas serán suficientes para cubrir la demanda.
Según la Junta hay unos 128.000 fumadores de marihuana, aunque las asociaciones de consumidores calculan que rondan los 200.000.
Calzada adelantó que se implementará un seguimiento de la trazabilidad de las plantas para saber cuánto se produce.
La ley establece un límite de seis plantas, o 480 gramos, en el caso del autocultivo, y clubes de membresía de no más de 45 miembros cada uno.
En todos los casos, solo podrán acceder a la droga legal los mayores de 18 años, que deberán elegir una de esas opciones. Tampoco está definido el precio, pero se adelantó que se venderá a cerca de un dólar el gramo.
Aunque la ley no lo especifica, se prevé que la reglamentación de la norma restrinja el acceso a la marihuana solo a los residentes en el país, como forma de evitar el turismo cannábico.
El canciller uruguayo Luis Almagro reveló el miércoles que embajadas de Uruguay en distintos lugares del mundo están recibiendo consultas sobre cómo sacar la residencia nacional y cuáles serán las condiciones para los turistas.
La reglamentación de la norma será seguida de cerca por las organizaciones civiles pro-legalización de la marihuana.
“Más allá de que es una ley muy sólida, todo el desarrollo del aparato estatal va a ser un desafío. Nuestro énfasis va a estar en acompañar un proceso transparente que garantice seguridad y calidad a los usuarios. Esto es una brecha de oportunidad, un modelo alternativo”, señaló a la AFP Victoria Verrastro, integrante de Regulación Responsable, que lanzó campañas en respaldo a la ley.
Dudas sobre controles
La oposición política ha advertido sobre los riesgos para la salud que implica la legalización, pero también sobre la capacidad que tiene el gobierno para realizar los controles necesarios.
“Esta ley no soluciona el problema del narcotráfico ni de la seguridad”, aseguró a la AFP la diputada del opositor partido Nacional, Verónica Alonso.
Además, “el gobierno no tiene mecanismos para controlar, sancionar y fiscalizar, ni hay mecanismos para ayudar a quienes se transforman en adictos”, enfatizó.
Otra inquietud es la seguridad de las plantaciones, la distribución y los lugares de venta, ya que muchas farmacias en zonas aisladas del país temen quedar muy expuestas.
El presidente Mujica ya admitió que el gobierno no está “totalmente preparado” para la implementación de la ley, pero pidió “audacia” para aplicarla.
“Se ha dicho que no vamos a poder controlarlo”, aseguró Mujica al diario La República. “Pero vamos a intentarlo porque queremos librar a las futuras generaciones de esta plaga. Esta debiera ser una causa nacional, esperemos que la gente comprenda y ayude”.
Calzada, en tanto, defendió la capacidad del Estado de fiscalizar.
“Si se controlan 11 millones de cabezas de ganado es muy factible que podamos controlar unas pocas plantaciones de cannabis”, aseguró.
Añadió que la aprobación de esta ley no implica dejar de lado el control del tráfico ilícito.
Mientras se reglamenta la ley, en materia judicial el primer efecto que tendrá es que los jueces tengan claros cuáles son los límites de tenencia de droga y plantas.
Hasta ahora el consumo no estaba penado pero quedaba en manos de cada juez la decisión de si la sustancia o las plantas decomisadas eran para consumo propio.
AFP