Un resultado electoral con respecto al cual todos sus participantes dicen haber ganado confirmaría la idea de que hubo una “fiesta democrática”, como la denominan los próceres escarlata, antes que el enfrentamiento existencial en el tremedal en que el régimen ha convertido a Venezuela. Hay muchos criterios para medir victorias y derrotas, algunos de los cuales son confeccionados con chicle conceptual como para que, al final, siempre se salga glorioso. El procedimiento es simple: se fija un objetivo preelectoral y, de no alcanzarse, después de las elecciones se dice que el objetivo era otro. Es como si un corredor que se propone ganar los 100 metros planos cuando no gana dice que, en todo caso, iba de primero en los treinta metros iniciales.
Para evaluar el resultado electoral reciente hay una premisa esencial, sin la cual la cuenta de los votos es engañosa. Esa premisa es que estas elecciones, como nunca antes que ya es mucho decir, estuvieron signadas por el fraude, el ventajismo, el abuso inmisericorde con los recursos del Estado, el empleo de Pdvsa, gobernaciones y alcaldías rojas, ministerios y milicias, para que el oficialismo se impusiera. Por estas razones, aun cuando no se sepa nunca ni se pueda estimar con precisión cuánto habrían obtenido las fuerzas democráticas, lo cierto es que el resultado conocido distorsiona la voluntad popular. Está atravesado por la barbarie y el despojo. También allí se produjo un saqueo. Además, existen informaciones sobre los consabidos incrementos milagrosos en municipios situados más allá de más nunca, situaciones ahora mantenidas bajo prudentes silencios.
Ese fraude sistemático y sistémico, organizado por el Estado en su conjunto para impedir la disputa por el poder que supone una democracia, es lo que hace que una parte indeterminada e indeterminable de la votación opositora del 14 de abril se haya decantado hacia la abstención. Cientos de miles consideraron que su voto había sido escamoteado en abril y volvería a serlo en diciembre. Con la comprensión de estos fenómenos, con respeto a los que se abstuvieron por razones políticas y sin insultarlos, la votación obtenida por los candidatos opositores adquiere una dimensión formidable.
Nadie puede decir, salvo los tontones de la historia folletinesca, lo que habría ocurrido de no haber ese fraude sistémico. Lo que sí se sabe es que aun con su existencia es majestuosa la fuerza de una sociedad que quiso expresarse a través del voto. Tuvieron que promover saqueos; quebrar metódicamente centenas de comercios; tuvieron que llevar el déficit fiscal hasta el paroxismo; tuvieron que inyectar más de 70% de liquidez adicional este año que licuó aún más la fortaleza del bolívar “fuerte”; tuvieron que allanar inmunidades, perseguir dirigentes, sacar sus esbirros de las cuevas policiales; regalar lo que no les pertenecía; hurtar lo que pertenecía a otros; y, con todo eso no pudieron doblegar la voluntad democrática del país que buscó expresarse con su voto. Solo en este marco se deben valorar en toda su corpulencia las victorias y derrotas de la oposición.
Pero hay problemas… porque lo que estaba en discusión era el 14 de abril
Causa preocupación que las cifras del CNE se tomen por su valor facial, sin considerar los elementos señalados. Si fuese verdad que las cifras del Ministerio de Elecciones del régimen reflejan la voluntad del electorado habría más razones de las existentes para preocuparse. Esas cifras reflejarían no sólo una disminución del número de votos absolutos respecto a los obtenidos el 14 de abril (alrededor de 2.5 millones) sino también relativos cuando la diferencia porcentual entre el gobierno y la oposición pasa de poco más de 1% hasta alrededor de 11%. Así tomadas las cifras se habría configurado una derrota respecto al objetivo planteado que fue el de ganar en votos populares y, a partir de allí, solicitar una rectificación perentoria de Nicolás Maduro o, en su defecto, la renuncia al cargo que usurpa.
Si no se cuestiona la trampa estructural, el resultado de esta elección tendería a confirmar que no fue Capriles sino Maduro el que ganó en las elecciones del pasado abril. Para el régimen era de vida o muerte que la diferencia proclamada por el CNE el 14-A se incrementara, como en efecto lo hizo; pero, no cuestionar los fundamentos de esa elección conduce sin ambages a un barniz de legitimación de la función presidencial hasta ahora tenida como usurpación por las fuerzas democráticas fundamentales. Ya se oye el gimoteo de quienes pugnan por el reconocimiento.
Por cierto, se critica a Capriles por haber dicho que el 8-D era un plebiscito. Es una crítica injusta porque toda elección en el marco de una sociedad polarizada, se proclame o no, es en la práctica un plebiscito. Hasta una elección sindical o gremial lo es hoy.
LA RENOVACIÓN. La desatención y la arrogancia de dirigentes de la MUD respecto a las recomendaciones rectificadoras de la Comisión presidida por Arístides Hospedales (diciembre 2012) llevaron a no considerar escenarios como los que resultaron el 8-D. Por esta razón parece haberse admitido el resultado enunciado por el CNE como la genuina expresión de la voluntad del electorado, por lo cual se proclama la victoria con el clamoroso triunfo en ciudades significativas pero se obvia la promesa de obtener la mayoría de los votos populares, palanca para plantear el reemplazo constitucional de la usurpación actual.
Sin elecciones establecidas en un período de casi dos años vuelve la pregunta clave sobre cómo reemplazar en forma constitucional el régimen. Esa pregunta tenía una respuesta hasta el 8D cuando, con la mayoría de votos, se exigiría la renuncia de Maduro. Podría ser ahora la Constituyente, pero esta salida requiere una estrategia, por ahora brumosa.
Hay una tarea inmediata para impedir que los alcaldes electos y gobernadores sean (o continúen siendo) figuras más bien simbólicas, dado el despojo de competencias que sufren y el abuso que configura la creación de protectorados imperiales como los que agobian Miranda y Caracas. La lucha por recuperar los derechos conculcados en esas alcaldías y gobernaciones es una bandera de corto plazo. Al lado de estos objetivos están otros en un ámbito mayor, la lucha por la defensa de la integridad territorial que desarrolla la llamada Movida Parlamentaria con el Esequibo, la lucha por los derechos humanos y la libertad de los presos políticos, la defensa del salario de los trabajadores, esperan por una dirección política más decidida e inclusiva.
Finalmente, no parece congruente pasar de pedir la partida (incluida la de nacimiento) o la renuncia a Maduro antes del 8D a decir que lo que se le pide es diálogo. No estaría demás explicar el giro dialéctico que va de “vete, Maduro” a “conversemos, Maduro”, no vaya a ser que la gente se confunda.
Twitter @carlosblancog