En la Venezuela del últimos tres lustros, en la de los revolcones institucionales y la del circo sistemático organizado bajo la gran carpa electoral con la atracción de un Consejo Nacional Electoral domesticado en múltiples funciones comiciales bajo la batuta del rejo maniqueo del mejor “sistema electoral del mundo”, hablar que no habrá elecciones en un periodo de dos años es un hecho inédito y de gran incertidumbre.
El eje del giro institucional y el leit motiv del acto de gobernar (sentido lato) ya no debería ser un proceso eleccionario cercano, la justificación, en principio de medidas populistas para atraer la atención del votante, no del ciudadano, conceptos que son de distinto alcance.
El gobernar para el ciudadano implica la racionalidad de medidas con objetivos predeterminados, la definición de esquemas de modelos y estructuras institucionalmente perfectas que permitan ir orientando la acción del gobierno hacia los fines inherentes a tales definiciones, conociendo anticipadamente las virtudes y defectos de tales acciones dentro del marco referencial presupuestario, económico, político y social.
El gobierno pensado en el ciudadano parte de la premisa esencial y existencial de su oportuna y conveniente participación más que de la obligación constitucional de hacerlo como mera formalidad de trámite a los fines de garantizar la efectividad, permanencia y viabilidad de las decisiones.
Un gobierno pensado en el ciudadano busca que sus decisiones lleguen a los más recónditos lugares de la geografía nacional con el objetivo de alcanzar el mayor número posible de habitantes, sin discriminación o exclusión de ningún tipo.
Es en fin de cuentas la caracterización de un gobierno democrático, sometido y ajustada sus ejecutorias al derecho, a los principios y valores ordenadores de todo el sistema político y del régimen económico y social que le sirve de ámbito de actuación.
El gobierno democrático pensado y en función del ciudadano busca la eficiencia en los recursos financieros e institucionales susceptibles de ser afectados o destinados al diseño y ejecución de las políticas públicas en cuyo marco son dictados los actos que justifican y legitiman su existencia.
En tal sentido, la activación de los mecanismos institucionales de coordinación de la acción de gobierno, la corresponsabilidad de la gestión de los intereses en cada nivel del Poder Público no es un concesión graciosa o la cesión transaccional de parcela de poder sino la más sublime expresión del poder de representación como forma autorizadora de los ciudadanos de ejercicio de un mandato.
No debe ser entendida como una licencia ilimitada de explotación de una cantera de recursos de índole diversa para usufructuar el poder de manera excluyente y con la perversión inaceptable en un régimen democrático de negar la garantía y protección de los derechos fundamentales de aquellos que se dicen no ser mayoría, es decir, a todos a los afectos a los designios del gobierno.
Por eso el gobierno democrático pensado en el ciudadano debe estar sometido al escrutinio diario, al control en términos de calidad, eficacia y eficiencia de los actos de gobierno a través de los mecanismos institucionales diseñados por la Constitución como expresión de un acuerdo, contrato o convenio social el cual dispone con arreglo de atribuciones y competencias a los órganos del Poder Público (nacional, estadal y Municipal) que esto actúen en, por y en función del ciudadano.
Es por ello que las constituciones modernas, y la venezolana no es la excepción, consagran que ésta y la ley definen las atribuciones del órganos que ejercen el Poder Público, que su ejercicio acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o violación del bloque de la legalidad a las cuales debe sujetarse las actividades que realicen; que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos nulos y que el Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los ciudadanos en cualquiera de sus bienes y derechos.
La distinción para nosotros es esencial pues la ciudadanía no es reductible solamente a un acto electoral, más militar que cívico, más punitivo que expresión legitima de libertad, mas despliegue grosero de abuso de poder que al revelamiento de un sentido búsqueda de optar a la mejor forma de gobernar posible.
La ciudadanía implica compromiso, asunción de responsabilidades, sentido de pertenencia y reconocimiento a la diversidad política, a la transparencia en la determinación de la mayoría y el reconocimiento respetuoso del quien sale derrotado.
Cuando nos referiremos al votante lo hacemos como categoría apriorística para identificar aquel que no le importa ceder su derecho a tener oportunidades de crecimiento, superación y desarrollar su personalidad a plenitud mediante el trabajo, el estudio y la dedicación a un proyecto individual de vida.
Es aquel habitante u #hombre nuevo”, que sin importar su nivel económico o posición social, su interés es la expoliación revanchista de su congénere, aprovecharse indebidamente de “una voluminosa riqueza que no es producto de nuestro esfuerzo” “que ha determinado en lo venezolanos una manera de concebir nuestra riqueza con el trabajo, los derechos, la riqueza, la igualdad y el gobierno” (Diego Bautista Urbaneja, La renta y el reclamo., Caracas 2013); de acceder a esa riqueza sin más esfuerzo que repetir insultos y consignas, exhibir un uniforme conductual y de vestimenta.
El votante es la pieza esencial del régimen clientelar populista que lo cubre la cobija de retazos de ideología fracasada amparada en un militarismo obsecuente como maquinaria de intimidación en la cual lo que vale es el revanchismo social de acceso a un confort narcotizante como expresión de membrecía social limitada a la satisfacción material precaria de un electrodoméstico o en la dádiva de un mendrugo sin importar la violación de los derechos de derecho de propiedad del comerciante sino incluso la estabilidad y el derecho de los trabajadores que de él dependen.
El votante solo busca que le den, no importa que no en la proporción que le corresponde; el ciudadano se orienta a que le garanticen la igualdad de oportunidades para superarse, para ser dueño de su propio destino mediante la educación y el trabajo que es lo que le permite ser propietario de las fuentes que garanticen su bienestar material e intelectual y la productividad en beneficio de todos.
En los últimos años, el gobierno ha diseñado una institucionalidad que busca tener votantes y no ciudadanos, pues a éstos se les tiene miedo pues conocen el verdadero sentido de la democracia y su destino en ella, su participación critica y no sumisa en virtud que entiende que la ciudadanía es derecho y compromiso y no una mera forma de alienación, en los términos del marxismo puro.
El gobierno quiere votantes en pos de una “high definition” y una nevera a precios de gallina flaca.
El gobierno le tiene pavor a quienes quiere ser ciudadanos.