Este año cierra con declaraciones gubernamentales que presagian la toma de medidas largamente postergadas por impopulares. Todo este sucede en medio de la resaca que se produce después de esa borrachera que llevó a gastar más de lo que entraba y, al mismo tiempo, a adquirir deudas cuyo pago no hace más que empeorar el flujo de recursos que necesita el país para un funcionamiento acorde al de un país con riquezas suficientes para impulsar su desarrollo.
No es la primera vez que Venezuela se ve en situaciones de precariedad parecida. Ya, quienes tenemos edad suficiente, vimos como en 1983 nos sorprendía el viernes negro, en 1989 se aplicaba un conjunto de medidas económicas que venían a remediar la manía de nuestros políticos de aplazar la toma de decisiones que puedan tener costos electorales. Sin embargo, hemos visto como en dos ocasiones se retrocede y se vuelven a medidas económicas clientelares que deben ser resueltas con lavativas y purgantes. En 1997, el gobierno de Caldera tuvo que repetir unas medidas parecidas a las de CAP en 1989.
Estamos en estos momentos en una situación similar a las que vivimos en 1988 y 1996. Incapacidad del gobierno para manejar las cuentas fiscales. Necesidad de tomar medidas que harán que el pueblo asuma los costos de las borracheras fiscales anteriores. Pero en esta ocasión hay un elemento distintivo: el precio promedio del barril de petróleo estuvo todo este año por encima de los US$100. En 1988 andaba cercano a US$20 y en 1996 alrededor de US$10. Además, el país no tenía rémoras que chupaban nuestras riquezas para mantenerse en el poder sometiendo a sus pueblos cada vez más empobrecidos.
El gobierno ve que no hay más elecciones previstas en el panorama. Tienen por delante unos 18 meses para tomar medidas impopulares que los ayuden a reparar las finanzas destruidas por las continuas borracheras y por el mantenimiento de amigos que no hacen otra cosa que aprovecharse de los sueños revolucionarios de los comunistas venezolanos.
No hay manera de esconder el paquete de medidas que viene a pesar de los eufemismos. El ministro Chacón dice que no hay aumento de tarifas sino reducción del subsidio. Al final, el resultado es el mismo: el usuario pagará más dinero por la electricidad.
Otro componente del paquete es el aumento de la gasolina. Está claro que el combustible es muy barato. Pero ese no es un problema nuevo. El gobierno se resistió a sincerar el precio por las continuas elecciones. Ahora, con el agua un milímetro debajo de la nariz se ve obligado a tomar la decisión. Se presagia como brutal en su implantación. El asunto es que los venezolanos tendremos que asumir este diferencial en el costo sin que los cubanos vean afectado el suministro de petróleo que este gobierno le entrega desde hace varios lustros.
La devaluación está cantada. El solo anuncio de que SICAD suplantará a CADIVI la deja muy clara. Será cercana al 100%. Eso es inevitable. A pesar de todas las maromas que pueda hacer el gobierno, el poder adquisitivo del venezolano seguirá cayendo y el empobrecimiento será cada vez más grave.
De lo que no se oye hablar es de medidas compensatorias. El venezolano se enfrenta a un 2014 con aumentos de los servicios, del combustible, con devaluación, escasez, inflación, criminalidad desatada y fallas de electricidad, agua y aseo.
El 2014 se presenta como un annus horribilis. Un período de tiempo en el que el gobierno que no asume responsabilidades hará que el pueblo pague el precio de su incapacidad y desenfreno en el gasto.
Se presenta como una oportunidad para que una oposición repensada, reestructurada, inclusiva y ampliada se sincronice con las necesidades de un pueblo que necesitará quien le sirva de interlocutor y canalizador de sus demandas que no pueden seguir siendo desoídas.