El 8 de diciembre, los venezolanos acudieron a las urnas para elegir a más de 300 alcaldes y más de 2.000 concejales en una elección nacional. Aunque la coalición opositora realizó algunos avances importantes en las ciudades, el gobernante régimen socialista de Nicolás Maduro logró superar a sus rivales en la votación popular (49% contra 43%). Ahora temo que el país está un paso más cerca de transformarse en una dictadura plena, semejante a la de Zimbabue, en África, publica el diario The Wall Street Journal.
Leopoldo Martínez/The Wall Street Journal
Ha transcurrido menos de un año desde que Hugo Chávez sucumbiera al cáncer y Venezuela está inmersa en una crisis sin precedentes en los 14 años de la llamada “Revolución Bolivariana”. No cabe duda de que Chávez fue un autoritario implacable, lo sé porque lo viví en carne propia. Entre 2000 y 2005 fui representante de la oposición que desafiaba la agenda del comandante en la Asamblea Nacional.
Fui obligado a irme después de que funcionarios chavistas intentaron despojarme de mi inmunidad parlamentaria al fabricar acusaciones sobre mi participación en una conspiración respaldada por Estados Unidos.
Ahora Maduro, a quien conocí bien en el parlamento como una figura más conciliadora, está acelerando rápidamente hacia una conclusión mortal las políticas económicas y sociales del presidente fallecido.
Esto ocurre porque Maduro, que se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores de Chávez entre 2006 y 2013, tiene vínculos desde los años 80 con los comunistas que gobiernan Cuba, donde fue entrenado como un organizador sindical. Luego de ingresar al círculo más cercano de Chávez con el apoyo de los cubanos, el entonces mandatario lo designo como su sucesor y en abril Maduro ascendió al poder tras derrotar al candidato de la oposición, Henrique Capriles, por un margen de apenas 1,5%. A pesar de las miles de acusaciones de fraude electoral, el régimen se negó a realizar un recuento de los votos.
Siete meses más tarde, la responsabilidad por la actual crisis del país recae completamente sobre los hombros de Maduro. Según las cifras del propio gobierno, la inflación alcanza 54%, la más alta de toda América. Al igual que Chávez, Maduro ha saqueado la industria petrolera venezolana, que aporta 95% de los ingresos por concepto de exportaciones, al ofrecer a Cuba y otros aliados del régimen subsidios petroleros equivalentes a miles de millones de dólares. Pese al tan publicitado compromiso del gobierno con la redistribución del ingreso, el país sigue sufriendo la escasez de productos básicos como el aceite de cocina, la leche y la harina de trigo, mientras que las preocupaciones de que Venezuela no page sus deudas llevaron a Standard & Poor’s a rebajar la calificación de crédito a B-. En medio de un ahondamiento de la miseria, casi no pasa una semana sin que aparezcan nuevas acusaciones de una conspiración de EE.UU. contra el gobierno.
Para entender hacia donde se dirige Venezuela, hay que mirar a Zimbabue. Al igual que el país suramericano, que posee las mayores reservas de petróleo del mundo, Zimbabue es un país rico en recursos naturales como minerales, diamantes y platino. Y al igual que Venezuela bajo la conducción de Chávez y Maduro, Zimbabue ha sido llevado a la ruina por la dictadura de 33 años de Robert Mugabe.
Maduro está recurriendo una y otra vez al libreto de Mugabe. El presidente forzó en noviembre la aprobación de una Ley Habilitante en la Asamblea Nacional que le permite gobernar por decreto y le da el poder de arrestar a cualquier persona que se considere constituya una amenaza para “la seguridad y la defensa de la nación”.
También declaró una guerra contra los derechos de propiedad privada. Cientos de empresarios han sido detenidos en las últimas semanas por acusaciones poco claras de “usura” y “especulación”. Decenas de negocios han sido nacionalizados para impedir que fijen sus precios a la tasa del mercado negro para los dólares estadounidenses, que actualmente es 10 veces más que el tipo de cambio oficial.
Todo esto tiene paralelos perturbadores con lo sucedido en 2007 en Zimbabue, cuando Mugabe lanzó la “Operación Reducir Precios”, una cacería de brujas política que acusaba al sector privado de estar detrás de los problemas económicos del país. Bajo la mirada de la policía y el ejército, las multitudes saquearon las tiendas de productos electrónicos en el centro de Harare, de una manera muy parecida a lo que hicieron los venezolanos el mes pasado con los locales de la cadena Daka. Las medidas sólo sirvieron para exacerbar la aguda crisis financiera de Zimbabue y se puede esperar un desenlace similar en Venezuela.
Las expropiaciones de tierras, otra característica del gobierno de Mugabe, ahora también han pasado a ser un componente importante de la política venezolana. Desde 2000, más de 4.000 agricultores comerciales han sido despojados de sus tierras en Zimbabue. Entre 2000 y 2010, más de 2.300 propiedades fueron confiscadas por Chávez, según un reciente informe del destacado abogado de Caracas Antonio Canova. Maduro está aumentando este vergonzoso historial al depender de una ley que especifica que cualquiera que no tenga títulos de propiedad que se remonten a los primeros años del inmueble, es decir la gran mayoría de los dueños, corre el riesgo de que su propiedad sea confiscada.
Con esta situación como telón de fondo, la oposición pretendía que las elecciones municipales fueran un referéndum nacional sobre el gobierno de Maduro. Al emitir un decreto que redujo los precios de los televisores con pantalla plasma y otros bienes de consumo, Maduro consiguió un impulso electoral de último minuto.
Al igual que Mugabe, quien retuvo el poder durante las elecciones de 2008 y 2013, las cuales fueron consideradas ampliamente fraudulentas, Maduro ahora gobierna prácticamente sin contrapesos. Sin embargo, como lo ha señalado Capriles, las elecciones municipales han dejado a Venezuela peligrosamente dividida en dos. Ahora que Maduro sigue empeñado en luchar contra quienes considera “burgueses y parásitos”, la crisis sólo se puede ahondar en el corto plazo.
—Martínez, un miembro de la oposición en la Asamblea Nacional de Venezuela entre 2000 y 2005, es presidente ejecutivo del Center for Democracy and Development in the Americas, en Washington, D.C.