Durante el año 2013, la comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN), se convirtió “en un pelotón de fusilamiento” para la oposición, puesto que aprobaron informes que determinaron la responsabilidad política de líderes de la Mesa de la Unidad (MUD), pero dejó de lado casos emblemáticos de corrupción que implicaron a organismos del Gobierno.
Por Janet Yucra M
La denuncia la hizo el diputado de la MUD, Carlos Ramos (Mérida), integrante de la instancia legislativa, quien hizo un balance de lo ocurrido en la comisión en los últimos 12 meses.
“Recordamos cómo el Psuv en la comisión se encargó de aprobar informes contra el gobernador de Lara, Henri Falcón, y contra el ex mandatario de Monagas, José Gregorio Briceño, solamente porque se apartaron de la revolución”, destacó.
Destacó que “lo más grave de esto es que estos documentos son elementos probatorios para la ‘justicia socialista’ y así lo han anunciado los máximos jefes del partido de Gobierno”, recordó Ramos, en referencia a que los documentos serán usados por el Ministerio Público, en el caso de que juzguen a Falcón y a Briceño, por los presuntos hechos de corrupción de los que se les acusan.
“La verdadera corrupción”
Por otro lado, Carlos Ramos lamentó que en la comisión se hayan congelado las investigaciones sobre casos de corrupción que implicaron la pérdida de miles de millones de dólares. “Tal es el caso de la denuncia sobre irregularidades en Venirauto. Allí se perdieron millones de dólares y nunca se terminó ese informe. Mostramos pruebas y era evidente el cementerio de vehículos en que se convirtió la planta en el estado Aragua. No obstante, tras varias interpelaciones que se realizaron, la investigación nunca fue concluida”, rememoró Ramos.
Mencionó los casos de la cementera Cerro Azul, de los fondos de pensiones de los trabajadores de Pdvsa e incluso la reciente denuncia que hizo el propio ministro Jorge Giordani, acerca de los 20 mil millones de dólares que se perdieron en aprobaciones fraudulentas de divisas a empresas de maletín.
“Es que ni siquiera se han terminado de evaluar los informes de gestión de los ministerios correspondientes a los años 2010, 2011, 2012 y 2013, a pesar de que la directiva de la comisión puso a trabajar a las subcomisiones para determinar si las cuentas que rindieron los miembros del Gabinete corresponden con los recursos asignados”, afirmó.
Carlos Ramos criticó que durante el 2013 “se habló de la lucha contra la corrupción, pero la misma se abordó desde el punto partidista, lo cual la hizo írrita desde su nacimiento. Si de verdad se quiere luchar contra el flagelo de la corrupción, se debe nombrar al Contralor General de la República y sancionar la Ley contra la Corrupción que fue entregada a la Procuraduría y se engavetó.
La lucha contra la corrupción es un compromiso que no tiene que ver con la Ley Habilitante que el Psuv se empeñó en aprobar, recurriendo al mecanismo perverso del allanamiento de la inmunidad parlamentaria de la diputada, para sustituirla por un suplente que prestó su voto para darle plenos poderes a Nicolás Maduro. Simplemente, en la Asamblea y en la comisión de Contraloría no hay disposición para investigar la verdadera corrupción que apunta a los jerarcas del Gobierno”, aseveró Carlos Ramos.
Montilla: Misión cumplida
Una visión completamente distinta de la labor de la comisión la tiene el vicepresidente de la misma, Jesús Montilla (Psuv-Falcón), quien calificó de excelente el balance la dicha instancia, “por cuanto se cumplió la meta fijada en 100%”.
“El trabajo planificado para 2013 se cumplió a cabalidad. Adicionalmente, durante el transcurso del año llegaron 44 nuevas denuncias que también se trabajaron. Quedan pendientes para el 2014 83 expedientes. Esto nos permite reafirmar que seguiremos trabajando con ahínco para combatir la corrupción”, afirmó Montilla.
Recordó que en el año 2011 cuando llegaron a la comisión “había numerosos casos por descuido administrativo y había expedientes sin ningún tipo de sustentación que eran de los años 2000, 2001, 2003, 2008, 2010. La prioridad administrativa fue cerrar esos expedientes”, explicó.
Montilla calificó como “satisfactorios los resultados del trabajo para la junta directiva y para los que hemos trabajado en la investigación de los casos”.
El diputado por el Psuv cree que “a través de la Ley Habilitante se le otorgaron al Presidente Maduro poderes especiales para atacar la corrupción, esté donde esté y del color que sea (…) esa es una de las grandes tareas con el legado del presidente Chávez: adecentar la administración pública y en ello la comisión está más comprometida”.